Un implicado en el caso ERE salpica ahora al PSOE y al PSC en las sobrecomisiones
ESPAÑA
Los socialistas andaluces niegan las acusaciones y anuncian acciones penales por falso testimonio
27 sep 2014 . Actualizado a las 04:00 h.La trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía salta de su territorio y salpica al PSC y al PSOE federal a raíz de las declaraciones de uno de los imputados en la trama por el cobro de sobrecomisiones. Eduardo Pascual, responsable de Vitalia, una de las aseguradoras que tramitaron la mayoría de las prejubilaciones, aseguró ayer a la jueza Mercedes Alaya que un acuerdo entre el PSC y el PSOE andaluz permitió que una mutua dependiente de su empresa tramitara gran número de expedientes, y que parte de los casi cien millones recibidos por esa entidad, Fortia Vida, fueron a parar a empresarios vinculados a la cúpula del PSOE e invertidos en dos hoteles en República Dominicana. En concreto, citó a Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigó y Eduardo Bajet.
Pascual fue detenido en el 2013 e imputado por delitos continuados de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y prevaricación, contra la hacienda pública y asociación ilícita. Pasó un año en prisión hasta que se le rebajó la fianza de 600.000 a 6.000 euros, cantidad a la que se suman los 111 millones en concepto de fianza civil. Se trata de un viejo conocido de la Justicia, dado que está imputado por estafa en la quiebra de Eurobank del Mediterráneo, intervenido en el 2003 por el Banco de España, y en el saqueo de Fortia Vida, que llegó a ser intervenida por la Generalitat de Cataluña en el 2009.
Añadió que todos los expedientes de regulación por los que le preguntaba la jueza fueron captados por Fortia en virtud de ese acuerdo entre el PSC y el PSOE de Andalucía y que la Junta hacía las asignaciones a las empresas «a dedo».
Operar fuera de Cataluña
Según explicó a la jueza, el acuerdo con el PSC permitió a Fortia operar fuera de Cataluña y conseguir los expedientes andaluces. La entidad recibió cien millones de euros, de los que 18 fueron a parar a empresarios afines o vinculados a la dirección federal del PSOE. Pascual menciona a Antonio Garrigó, vinculado también al caso Eurobank, y a Jesús Barderas, cercano al expresidente Felipe González y a quien el imputado define como «la persona que en representación del PSOE lleva las inversiones internacionales en Latinoamérica». Ambos habrían invertido el dinero en los referidos hoteles en Punta Cana. Además, aseguró que uno de esos empresarios vinculados al PSOE tenía, en un despacho que ya cerró, toda la documentación de Fortia Vida, que desapareció. En su declaración, el exdirectivo, que reside en Barcelona, precisó que no se pronunció antes sobre las relaciones de Fortia Vida y el PSOE «por seguridad personal» y que no se atrevió a hacerlo hasta que sus hijos se fueron a vivir fuera.
Fuera del despacho de la jueza incluso dijo que lo investigado hasta ahora en los ERE «es solo la punta del iceberg».
Fuentes del Ejecutivo regional y del PSOE andaluz negaron con rotundidad las acusaciones de Pascual y anunciaron acciones penales por injurias. También el abogado Eduardo Bajet anunció acciones penales por falso testimonio.