El Gobierno acepta el aborto «libre»

El único cambio anunciado en la ley de plazos en vigor es el compromiso electoral del Partido Popular de que las jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el consentimiento paterno


redacción / la voz

Casualidad o no, el primer día del otoño fue el elegido por Mariano Rajoy para anunciar la retirada de una reforma que Ruiz Gallardón contaba aprobar durante el «verano meteorológico». Casualidad o no, la noticia de que se eliminaba el anteproyecto de reforma de la ley del aborto se produjo nueve meses y tres días después de su aprobación en Consejo de Ministros.

Esta norma estuvo rodeada de polémica desde el principio, pues suponía un cambio radical en la legislación del aborto, libre y sin explicaciones durante las primeras semanas, y que en el texto auspiciado por Gallardón se convertía en una yincana física y emocional para las mujeres. Mariano Rajoy lo resumió ayer así: «Estamos ante un tema que afecta a convicciones profundas de todos los ciudadanos, y es un tema que hay que tomárselo, y yo desde luego me lo tomo, muy en serio (...) En este momento, yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata» porque «lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro Gobierno la cambie al medio minuto».

Eso no quiere decir que el Gobierno del PP acepte a pies juntillas la ley en vigor (del 2010), ya que hay un aspecto irrenunciable para Rajoy: que las chicas de 16 y 17 años que vayan a abortar necesiten el consentimiento de sus padres, algo que la ley Aído no exigía en caso de que ellas temiesen represalias en casa.

Plan de apoyo a las familias

El presidente del Gobierno aseguraba ayer mismo que además, antes de que acabe el año, se aprobará un Plan de Protección de la Familia para evitar que las mujeres que se vean abocadas a terminar con un embarazo por razones socioeconómicas y laborales.

Con este cambio de rumbo, Rajoy deja atrás una reforma que se fraguó en el 2010, a la vez que el Gobierno socialista aprobaba la ley que permitía el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. En ese momento, el PP anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no se ha resuelto. En ese documento se pedía la revocación de ocho preceptos de la ley, entre los que destacaban: que el aborto fuese libre, ya que según los populares va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional que protege la vida del nasciturus, del feto; que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin informar a sus padres; que se limite la objeción de conciencia del personal sanitario (no puede obtejar un servicio completo, por ejemplo); y que se enseñe salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género.

Después, en el programa electoral del PP para las elecciones generales del 20-N (2011) se incluyó una reforma de la ley, que no derogación, «para proteger el derecho a la vida» y «de las menores». En enero del 2012 se anunció un cambio normativo, y dos meses después Gallardón hablaba de regular los supuestos que lleven al aborto y no los plazos para realizarlo.

Desde entonces la crítica a la reforma fue frontal entre los partidos de la oposición, pero también en diferentes colectivos, para llegar al seno del PP: cuando le preguntaron su opinión a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el mismo día que se aprobó en el Consejo de Ministros ella optó por una contestación ambigua: «Estoy tan cómoda con la ley como lo estaba con la de 1985». A partir de ahí, desde Cristina Cifuentes a Celia Villalobos, pasando por Núñez Feijoo, Alfonso Alonso o José Antonio Monago, las voces críticas en el seno del PP se fueron generalizando, incluso ante los micrófonos.

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