Un viejo político de la transición, con toda su autoridad moral, como Rodolfo Martín Villa, profundamente preocupado por lo mal que van las cosas en Cataluña, nos decía: «Como así no va, habrá que hacer las cosas de otro modo. Como en los viejos catecismos donde se hablaba de pecados por acción y pecados por omisión, aquí se peca por omisión». Menudo titular, con tan pocas palabras y sin decir nombres propios. Artur Mas peca por acción y se ha lanzado a un proceso en el que corre hoy sin saber adónde irá mañana. El campeón de la omisión es, sin duda, Mariano Rajoy. Y la omisión puede acabar llevando a la fragmentación.
Antonio Hernando, portavoz parlamentario del nuevo PSOE, confía en que Rajoy acabe por moverse después del 9-N porque «no querrá pasar a la historia como el presidente que no hizo nada para evitar la desintegración de España». Excelente aportación a un debate en el que casi nunca se oye nada nuevo. Todo es bastante desolador. Por más que Pedro Sánchez hable de tender puentes, Mas y Rajoy prefieren los frentes. Ahora juegan con los tiempos de publicación de la ley de consultas catalana y la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero el sentido del Estado, que es lo que se espera de ambos, de momento no se divisa.
El resultado del referendo escocés ha supuesto un gran alivio en España y en Europa, pero no resuelve los problemas. Asistimos en estos días al travestismo de los comentaristas de la derecha, que son legión, antes empeñados en que Escocia y Cataluña no tenían nada en común, y ahora pregoneros de su similitud. Quizás, como ha dicho el solvente profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, «el resultado de la consulta escocesa ha servido para vacunar a Europa de referendos», porque la Unión Europea no quiere volver a correr un riesgo semejante: por la trascendencia económica de la desintegración del Reino Unido y por el estímulo que eso supondría para la Bélgica dividida hasta en el idioma, para Francia con Córcega, para Italia con la Padania, para España con el País Vasco y para tantas fracturas disimuladas en los Estados europeos. La Unión, que ya funciona con dificultades con veintiocho socios, no soportaría cuarenta.
La batalla, por tanto, no es estrictamente legal, como se empeña Rajoy, sino política, como sería deseable y, por supuesto, comunicativa y emocional. Cualquier observador neutral admitiría que las condiciones comunicativas en Cataluña para expresar opiniones discrepantes con el sí a la independencia no son bien recibidas en los medios públicos. Baste con decir que Catalunya Radio, en su programa estrella de la mañana, planteó la dimisión del consejero Santi Vila por el grave delito de pedir que se respetara la decisión del Tribunal Constitucional. El desequilibrio informativo no tiene precedentes en democracia, agravado por los tertulianos y autores de estudios subvencionados desde la Generalitat. Y ayuda la falta de valentía de quienes creen que lo del independentismo es una locura, pero se amedrentan ante el clima soberanista.
Y después, las emociones. La fractura presente en la sociedad catalana, que se refleja después en familias, lugares de trabajo y pandillas de amigos, se produce al tratar de combatir las emociones con argumentos racionales. Si Martín Villa dice con acierto que hay que hacer las cosas de otro modo, eso es válido también en el terreno emocional. De ahí que el socialista Pedro Sánchez, partidario de la ruptura de códigos comunicativos tradicionales, como ha demostrado esta semana acudiendo a un programa de televisión como El hormiguero, haya emprendido una cruzada para combatir el independentismo apelando al corazón: «Desde Euskadi, desde Galicia y desde Andalucía les decimos a los catalanes que los queremos y que vamos a hacer una Constitución federal». Por ahí vamos mejor.
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