Tras el éxito de la Diada, el presidente catalán tiene dos meses para desacatar al Constitucional o adelantar elecciones
14 sep 2014 . Actualizado a las 10:55 h.Es la pregunta del millón en Cataluña: ¿Y ahora qué? Después de la multitudinaria movilización de la Diada del jueves en Barcelona, que reunió a cientos de miles de catalanes que reclamaron la consulta y la independencia, la pelota está en el tejado de Artur Mas, que tiene que hacer frente a la decisión que marcará su futuro como presidente de la Generalitat. La presión es máxima y no tiene muchas opciones, más bien dos: desobedecer al Constitucional y celebrar una consulta ilegal, como le pidieron los manifestantes, ERC, CUP y la ANC, o respetar la legalidad y adelantar las elecciones catalanas.
«La metáfora que mejor describe la situación actual entre el Gobierno central y el catalán es la de esos dos coches que conducen de frente y están retándose a ver quién se aparta antes», afirma Josep Maria Reniu, profesor de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona. Reniu, que es miembro del consejo que asesora a Mas en el camino hacia la independencia, cree que la consulta es «perfectamente» realizable y «válida», aun con la previsible suspensión del Constitucional, tras los recursos del Gobierno a la ley de consultas, que el Parlamento catalán aprobará el viernes que viene, y el decreto de convocatoria.
«El 80% de los catalanes quieren votar y estamos cargados de razones», afirma. «Estoy convencido de que habrá consulta el 9-N», dice Reniu. Mas, en cambio, no las tiene todas consigo. El viernes pasado, en el día después del 11-S, insistió en que la cuestión catalana solo puede resolverse en las urnas y que se votará «seguro». Eso sí, su posición es que no puede llamarse a la ciudadanía de cualquier manera. La consulta debe tener «todas las garantías democráticas» a fin de que «tenga validez» y «todo el mundo entienda el resultado», afirmó.
No lo dijo, pero Mas estaba dejando entrever que no es partidario de sacar las urnas a la calle el 9-N, si el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno central. Las cosas hay que hacerlas «bien» y sin caer en el «ridículo», viene insistiendo desde hace semanas. Teme que una votación vetada por el Tribunal Constitucional sea boicoteada por los partidarios del no a la independencia, lo que desvirtuaría la cita porque solo votarían los convencidos, además de los conflictos que puede tener con algunos ayuntamientos, como L'Hospitalet (PSC) o Badalona (PP), que ya han anunciado que no colaborarán con la logística y no cederán locales municipales como colegios electorales. Y por último, está la situación de los funcionarios (policías locales y autonómicos, responsables de mesas...) que corren el riesgo de ser inhabilitados si atienden a la orden de colaborar en una consulta suspendida.
A eso hay que añadir las consecuencias penales, que el fiscal general del Estado recordó el viernes. Si Artur Mas saca las urnas puede incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y hasta sedición, con penas que suman los 15 años de prisión. A juicio de Héctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional de la UPF, si hay consulta el presidente de la Generalitat «provocaría una fuerte reacción por parte del Estado», con el riesgo de que se aplique el artículo 155 de la Constitución que implica la suspensión la autonomía. En cualquier caso, considera que tras el éxito de la Diada, «todo lo que no sea hacer la consulta el 9-N es el final de Mas y de CiU».
Este experto en derecho, vinculado a la formación independentista Solidaritat Catalana, cree que Mas no consumará el desafío. «No le veo desacatando al Constitucional, aunque es una de sus únicas posibilidades de supervivencia», dice. El propio Mas es consciente de ello y en sus últimas alocuciones públicas ha admitido que es el «primer interesado» (electoralmente) en sacar las urnas a las calles. «Las declaraciones de los últimos meses responden a un plan trazado para no organizar la consulta tras la suspensión», señala López Bofill.
Josep Maria Reniu admite que cuando el líder convergente dice que la consulta debe tener todas las «garantías democráticas» puede estar «legitimando la no acción», el acatamiento de la legalidad. Pero si esto se produce, el miembro del Consejo asesor de Mas para la transición nacional considera que se abrirá un periodo de «mayor incertidumbre», en el que, sobre todo, el presidente de la Generalitat tendrá el problema de «canalizar la frustración de la calle». Si no hay consulta, entiende que se dará por acabado el acuerdo entre CiU y ERC y habrá crisis de gobierno, que Mas podría sortear prorrogando los presupuestos del 2015. «Pero socialmente, el impacto de la marcha atrás sería brutal», señala.
Derrota de CiU
La salida en este caso serían las elecciones anticipadas, en las que «CiU sufriría su primera gran derrota en unas autonómicas desde 1980», afirma el profesor de Ciencia Política en la UB. ERC podría obtener hasta la mayoría absoluta y abrir un proceso a la escocesa. Alex Salmond inició su proceso tras obtener una mayoría absoluta y presentarse a las elecciones con la apuesta inequívoca por la independencia. ERC, cree el asesor de Mas, tendría con claridad un «mandato de la ciudadanía para declarar la independencia».
Las elecciones, que podrían ser el 9 de noviembre (la convocatoria aún es posible hasta final de mes), en el primer trimestre del 2015 o después de las municipales de mayo, tendrían carácter plebiscitario. CDC y ERC (sin Unió) podrían presentarse juntos, pero para que así fuera, opina López Bofill, el compromiso con la declaración de independencia debería ser «muy explícito para que Esquerra acepte el pacto», a día de hoy muy lejano. De hecho, admite que es complicado que Mas esté dispuesto a saltarse la legalidad para declarar la independencia, que es ir dos pasos más allá. En lo que más insiste el presidente de la Generalitat en los últimos días es en sus llamadas a la unidad a las cuatro formaciones que impulsan el referéndum: CiU, ERC, ICV y CUP. «No creo que busque el gobierno de concentración», señala Reniu. «Va en la línea de alcanzar un consenso para pactar la respuesta a la suspensión del Constitucional», añade.
«Pero al perseguir esa unidad - reconoce- se corre el peligro de que uno de los socios adquiera un poder de veto, en este caso Unió». Y entiende que esa llamada a la unidad podría ser una estrategia para pactar la marcha atrás. Reniu cree que ERC «no puede aceptarla». «Nadie quiere elecciones, ya que difuminan la esencia del proceso. Los comicios son las migajas, además todos saben que los habrá tarde o temprano», añade.
A su juicio, la «paradoja» está en que ERC ganaría por goleada. Poder local «Esquerra se siente fuerte, pero no tiene prisa de llegar al Govern», apunta López Bofill. Está, eso sí, en «su momento» y tiene que «aprovecharlo», matiza. Su problema es que podría encontrarse con un Gobierno en minoría y estar en una situación similar a Mas. Por ello, la estrategia de los republicanos pasa por hacerse fuertes a nivel local, imponiéndose en las municipales de mayo del 2015 y luego preparar la conquista del Palau de la Generalitat. ¿Y el Gobierno central? Ley y Constitución. Mientras haya elecciones de por medio no hará movimientos que puedan ser interpertados como una cesión a los catalanes, dice López Bofill. El cálculo que hacen en Madrid, remata, es que ERC llegue al Gobierno autonómico pero en minoría y, por lo tanto, atada de pies y manos.
José Rosiñol, de Societat Civil Catalana, la plataforma antisoberanista que este año se ha estrenado con una movilización en la Diada (en Tarragona), coincide en que el escenario más «lógico» es el de los comicios anticipados, aunque duda que sean plebiscitarios, porque este formato es a su entender una «corrupción» de la democracia. «Mas solo se ha cerrado las puertas, la situación en que se encuentra demuestra que se ha equivocado, no podemos sustituir la democracia representativa por la de aclamación», remata.