El PP se ampara en un argumento muy popular, la lucha contra la corrupción, para intentar imponer una reforma cuya verdadera razón es indefendible en público: evitar la pérdida de importantes alcaldías. Tratar de colar la reforma electoral dentro del paquete de medidas de regeneración democrática es un ejercicio de cinismo. Es cierto que la elección directa del alcalde podría acabar con el transfuguismo y la compraventa de ediles, uno de los efectos más repugnantes de la corrupción. Pero concentrar todo el poder en una persona no resolvería el problema de fondo, al contrario, podría exacerbarlo. El personalismo nunca es bueno, y en política, degenerado en caudillismo, aún es peor. Porque, al final, la corrupción es el resultado de mezclar la abundancia de dinero con la falta de transparencia y de control en la toma de decisiones. Esto es lo que realmente hay que modificar. Todas las corruptelas que en este país han sido tienen que ver con redes clientelares que ayudan a acceder al poder y que después pasan factura, amén de chorizos que se limitan a lucrarse ellos y sus próximos, como si el dinero público fuera un botín. La clave está en una profesionalización radical de la administración, blindando la gestión para que no la invadan los intereses de partido ni los políticos en cargos técnicos. Y, por supuesto, extremando la transparencia y los controles en cada paso. Todo lo demás no es más que un fullero intento de cambiar las reglas de juego en beneficio propio.