El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED aboga por abolir la gran mayoría de los aforamientos.
-¿Qué valoración hace de la figura del aforado?
-El aforamiento es una prerrogativa institucional, no personal, que se reconoce a los titulares de ciertos cargos para facilitarles su desempeño independiente durante el tiempo en que los ocupen. Se pretende con ello que estos sean juzgados por órganos judiciales máximamente independientes e iguales en auctoritas a las personas juzgadas y evitar así que vayan de juzgado en juzgado según las denuncias presentadas contra ellos. En algunos países no existe este instituto, pero no por eso es rechazable; el juicio depende de cómo esté regulado: cargos a los que se reconoce, duración, etcétera.
-¿Qué le parece que haya 10.000 en España?
-Incorrecto. Bien es verdad que el aforado es juzgado, aunque solo por un determinado órgano judicial, así como que pierde una segunda instancia con la que intentar la revocación de una sentencia condenatoria. Pero lo correcto es aplicar el principio de igualdad y eliminar el 80 o el 90 % de estos aforamientos.
-¿Debe estar aforado don Juan Carlos?
-Hay razones para negar y para afirmar el aforamiento del ex rey. Como no ocupa ningún cargo, no hay ninguna función estatal que proteger. Pero considerar al ex rey un ciudadano particular es harto engañoso. Y si ha ejercido la jefatura del Estado 39 años, más aún. Los servicios que ha prestado continúan dándole alguna identificación con la dignidad del Estado; y la enorme información que ha acumulado abona cierta conveniencia y funcionalidad a este tratamiento singular.