Las instituciones son importantes por lo que hacen, pero también por lo que representan. Los ciudadanos esperan de ellas que cumplan sus funciones con eficiencia y que lo hagan desde el respeto a unos valores socialmente apreciados. Esto es particularmente aplicable a la Corona, cuyo fundamento es la encarnación de los lazos intangibles que sustentan la comunidad a la que simbolizan. La fortaleza de la institución es directamente proporcional al grado en el que los ciudadanos se sientan identificados con ella. Y ese reconocimiento se gana día a día, con acciones y hechos. Cada gesto cuenta, para bien y para mal. Don Juan Carlos se ganó su crédito asumiendo las ansias de cambio del pueblo en los albores de la transición. Y todo fue bien hasta que los españoles entendieron que se abría un abismo entre lo que ellos esperan de quienes les representan, lo que estos dicen ser y lo que realmente son. Porque las instituciones están para servir, no para ser servidas. Y las personas en que se materializan deben responder a los valores y expectativas de los ciudadanos. Porque, si no, quiebra el sistema.
Y esta es la amenaza que subyace a la imputación de la infanta. El intento de evitar una citación normal en cualquier otra causa ha sido una torpeza que solo ha servido para enfangar su nombre y la imagen de la monarquía, amén de poner en entredicho la justicia de la Justicia. Esta decidirá si la ciudadana Cristina de Borbón merece algún reproche penal. Pero que una irregularidad fiscal se convierta o no en delito por el precio de un café no altera el hecho esencial de que los comportamientos y valores que la instrucción ha puesto en evidencia son incompatibles con los exigibles a quien ocupa un lugar de privilegio como el suyo.