El PSOE está sometido estos días a dos tensiones contrapuestas que dibujan los límites del poder político. De una parte, intenta abrir las puertas del partido a la participación ciudadana mediante las primarias. Pero si por esta vía amplía el espacio de la política, por otra pretende limitarlo al suspender cautelarmente a los tres parlamentarios catalanes que votaron en la Cámara autonómica en contra de las directrices del partido.
La Constitución desecha el mandato imperativo. Es decir, los electos disponen de autonomía para actualizar en cada decisión los principios del mandato representativo al que están sujetos. La democracia es un sistema deliberativo en el que no se pueden prever todas las respuestas ni todos los problemas. Por eso, a veces circunstancias sobrevenidas obligan a variar la hoja de ruta. Pero no puede entenderse como carta blanca y mucho menos cuando con ello se traicionen los principios que llevaron a su elección.
La rebelión ante imposiciones ajenas al contrato con los ciudadanos es saludable en política. También para proteger la discrepancia justa ante la disciplina cuartelaria de la cúpula de los partidos. La cuestión es dónde situar el límite razonable de la disidencia. Es lo que ocurre con el PSC, cuya crisis pone de relieve, primero, la fuerza polarizadora, fragmentadora, del desafío soberanista y, segundo, la ambigüedad de la postura de los socialistas catalanes. Al tratarse de un asunto de principios, parece lógico defender el derecho del partido a hacer valer una posición orgánica democráticamente adoptada. Además, los díscolos tenían alternativas para no violentar sus conciencias sin emitir un voto que era un evidente desafío al partido. Pero no es menos cierto que, precisamente por su carácter esencial, la posición ante el soberanismo requiere de un plus de debate político que el PSC no ha sido capaz de abordar ni de cerrar adecuadamente en 35 años de historia.