El presidente de Sisocia asegura que se le vincula con los papeles del extesorero por una «casualidad cacofónica»
15 ene 2014 . Actualizado a las 21:48 h.Otros cinco empresarios de la construcción han negado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber realizado pagos irregulares al Partido Popular (PP) y han asegurado no saber por qué sus nombres aparecen en la supuesta contabilidad B de la formación que elaboró el extesorero Luis Bárcenas, informaron fuentes jurídicas. Los constructores, que han declarado durante tres horas y media como imputados en la causa en la que se investiga la contabilidad opaca del PP, han apuntado que no mantuvieron relaciones comerciales con Bárcenas ni con su antecesor, Álvaro Lapuerta, más allá de que pudieran coincidir con ellos en alguna inauguración o acto público.
El exdirector comercial de FCC Cecilio Sánchez, al que el antiguo responsable de las finanzas populares atribuyó una donación de 30.050,61 euros en enero de 2001, ha recalcado que la anotación que aparece en los papeles de Bárcenas -Celicio Sanch. (aguas)- no coincide con su nombre, por lo que no puede tratarse de él. Esta entrada, que la querella de IU relaciona con otros 165.000 euros que habrían sido aportados por el expresidente de FCC José Mayor, coincide en cuantía con un ingreso que Bárcenas realizó el 31 de enero de ese mismo año en la cuenta Dreba que tenía en el Dresdner Bank, según contempla una comisión rogatoria remitida por Suiza que fue recogida en un auto dictado por Ruz en octubre pasado.
Sánchez también ha negado que los supuestos pagos pudiera haberlos realizado en nombre de la constructura Vivendi, en la que permaneció hasta 2002. Sobre su relación con Bárcenas, ha dicho que coincidó con él dos otres veces en la cafetería Riofrío de Madrid y en la del Hotel Orfila y que nunca hablaron de licitaciones ni le entregó dinero en efectivo.
«Casualidad cacofónica»
El presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia, Camilo José Alcalá, también ha negado haber donado los 150.000 euros que le atribuyen los manuscritos del extesorero y, siguiendo el mismo argumento que Sánchez, ha señalado que en la contabilidad de Bárcenas no aparecía el nombre de su empresa sino el de Sisovia. «Debe de ser una casualidad cacofónica», ha dicho.
Alcalá, que ha asegurado no conocer a ningún dirigente del PP ni haber estado nunca en su sede de la calle Génova, ha sido preguntado por cinco contratos por valor de 70 millones de euros que su empresa se habría adjudicado durante los años en que se redactaron los manuscritos (1990-2008) y no aparecen en el Registro de Contratos de la Administración. Para explicarlo, ha dicho que se trataba únicamente de obras complementarias y que sólo aparece el contratista principal.
Actos «de tipo electoral»
José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo, ha admitido que conoció a Bárcenas y Lapuerta en una conferencia para empresarios ofrecida por el expresidente del Gobierno José María Aznar en el Palacio de Congresos de Madrid y que coincidió posteriormente con ellos en diferentes actos, entre ellos varios «de tipo electoral».
Bárcenas aseguró en su declaración ante el juez del pasado 15 de julio que este empresario entregó un total de 54.000 euros al PP para sufragar la campaña del popular José Ignacio Llorens, exdiputado por la provincia de Lérida en la legislatura de 2004 a 2008. Romero Polo ha admitido conocer a Llorens, ya que Lérida es «una ciudad pequeña en la que todos se conocen», pero ha negado las donaciones y ha insistido en que tampoco conoce al exsecretario general del PP catalán Alberto Fernández Díaz ni a otros dirigentes de la formación.
Nunca estuvo en Génova
Por su parte, el presidente de Degremont Iberia, Rafael Palencia, que realizó una donación de 146.000 euros, según los papeles de Bárcenas, ha dicho en respuesta a las preguntas formuladas por el juez y por su defensa que no conoce a nadie en el PP y que nunca ha estado en Génova.
Además, ha negado que su empresa, filial de una gran compañía de agua y saneamiento francesa, Suez Environemment, obtuviera, como defienden las acusaciones, contratos con el Canal de Isabel II. Finalmente, el presidente consejero delegado de Bruesa, Antonio Pinal, ha negado el ingreso de 24.000 euros que anotó el extesorero en sus manuscritos. El empresario, que se ha acogido a su derecho de no declarar, se ha limitado a decir a preguntas de su abogado que coincidió una vez con Bárcenas en el Hotel Ritz de Madrid.
Ampliación de la querella
Ruz imputó a estos empresarios al admitir parcialmente, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, una ampliación de querella presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecogologistas en Acción, Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad, que ejercen la acusación popular en la causa. En la causa también están imputados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el presunto número dos de la red 'Gürtel', Pablo Crespo; y los empresarios Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau).
Otros cuatro declaran mañana
Otros cuatro empresarios de la construcción declararán mañana, jueves, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para explicar si realizaron donaciones irregulares al Partido Popular (PP), tal y como consta en la supuesta contabilidad B elaborada por el extesorero Luis Bárcenas, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 interrogará como imputados a José Luis Suárez, presidente de Construcciones Paraño, que habría donado 75.000 euros según los manuscritos de Bárcenas; Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas (60.000 euros); Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones y expresidente del Athletic Club de Bilbao (90.000 euros); y Ramón Aigé, presidente de Sorige-Acsa (362.000 euros).
El viernes será el turno del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino. El juez le que quiere interrogar por su vinculación con la empresa Sedesa, al que los manuscritos del extesorero atribuyen una entrega de 200.000 euros el 11 de marzo del 2004, y le ofreció la posibilidad de declarar en su despacho oficial en el Parlamento valenciano. También declarará como imputado su sobrino Vicente, que era administrador único de Asedes Capital, matriz de Sedesa.