Aceptado ya que la plaga de la corrupción ha infectado prácticamente todas las instituciones de este país durante años, aún queda algo trascendental por asumir: las responsabilidades, por acción o por omisión, en la extensión de esas prácticas y un sincero propósito de enmienda. Unos, léase socialistas, alabaron el sentido de la responsabilidad del líder de UGT-Andalucía por dimitir y lo utilizaron como arma arrojadiza contra la resistencia de los otros, los populares, a hacer lo propio en los casos que les afectan. Estos, léase Rajoy por ejemplo, cargaron las tintas en los hechos, las sospechas más que evidentes de desvío de dinero público, haciéndose el ciego sobre escándalos que le salpican de cerca, como la Gürtel o Bárcenas. Así que unos contra otros, la casa sin barrer y el doloroso temor de que pasemos esta página sin haber aprendido la lección, que es la forma de que la historia se repita.
El control del dinero público ha brillado por su ausencia. Ladrones hay en todas partes, y por eso es necesario extremar la vigilancia. Pero las administraciones han sido un coladero que en unos casos ha enriquecido a unos cuantos amigos y en otros ha servido para bochornosos dispendios propios de nuevos ricos. Ahora, aunque con años de retraso, el Gobierno se dispone a blindar la caja fuerte. Pero con eso no se liberan las culpas. El que la hace la paga, porque de lo contrario se extiende la sensación de impunidad. Una percepción que dio alas a muchos y multiplicó la magnitud de la corrupción. La tolerancia cero con quienes infringen las reglas, una ética de respeto escrupuloso hacia lo público y una cultura de asunción de responsabilidades es tan determinante para combatir la corrupción como las leyes y los controles administrativos.
Ampararse en excusas procedimentales, como acostumbran a hacer el PP y Rajoy, o en el victimismo, como ha hecho UGT, solo aumenta el daño causado. El sindicato no puede esconderse tras el burladero de un supuesto ataque al movimiento obrero cuando las evidencias apuntan a un desvío continuado y sistemático de cientos de miles de euros. Al contrario, son quienes lo hicieron y lo autorizaron los que dañan al sindicato y al sindicalismo. Y quienes deben pagarlo.
Pero no solo ellos. También quienes desde la Administración hicieron dejación de sus obligaciones a la hora de vigilar por el buen uso del dinero público para que se destinara a aquello para lo que se concedió. Tanto el caso de las supuestas facturas falsas de UGT como el de los ERE irregulares demuestran que la Junta de Andalucía ha sido cuando menos negligente en el control de los fondos. Y por ello, al margen de lo que decidan los tribunales sobre la existencia de delitos, deben depurarse las correspondientes responsabilidades políticas. En este caso y en todos. Solo cuando así se haga -por principio, sin excusas, sin transigencias y de forma generalizada- se empezará a ganar la batalla de la corrupción.