El cumplirse dos años de su aplastante victoria electoral, Rajoy ha sorprendido con dos anuncios legislativos polémicos. A falta de conocer su plasmación negro sobre blanco en un texto, tienen en común la limitación del derecho a protestar en una situación de grave crisis. Por un lado, el presidente del Gobierno reveló ayer que prepara una ley que regulará los servicios mínimos en las huelgas. Una iniciativa que llega después de la que protagonizaron los barrenderos en Madrid, que pusieron en jaque a la alcaldesa, Ana Botella. Es cierto que la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga, prevé que una ley debe garantizar que se cumplan los «servicios esenciales». No dice los «servicios mínimos», que no es lo mismo, según aseguran los expertos. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo, porque temen que la intención del Gobierno sea restringir el derecho de huelga. Si los servicios mínimos que se marquen por ley son excesivamente amplios la eficacia de lo que es un acto de protesta se limitaría, lo que afectaría al mismo derecho. Habrá que ver en que quedan estos anuncios, pero la senda es peligrosa.
Por otro lado, la ley de seguridad ciudadana, que la oposición ha definido ya como la de «la patada en la boca» y que parece destinada a contrarrestar movimientos contestatarios como el 15-M o los escraches que padecieron dirigentes del PP. Prevé multas exageradas, de hasta 600.000 euros, a quienes expresen su rechazo a las políticas gubernamentales fuera de los cauces legales. Destacados constitucionalistas ya han alertado de que algunos de los preceptos que se han filtrado pueden violar derechos fundamentales.