El sector económico catalán ve con inquietud la carrera soberanista y reclama amplitud de miras, pero no renuncia a que se mejore sustancialmente la financiación
28 oct 2013 . Actualizado a las 16:00 h.Si una parte de la sociedad catalana expresa alto y claro su voluntad de independencia, hay otra que se mantiene en un punto equidistante, con la dificultad que eso entraña a estas alturas del debate. Al empresariado catalán no le gusta la deriva que están tomando los acontecimientos y pide constantemente diálogo, aunque, aparentemente, es un clamor en el desierto. «Si hemos llegado hasta aquí es porque alguna cosa va mal. Y hay que hablar. Sin miedo, buscando soluciones nuevas que hasta ahora no se han planteado», decía hace unos días el presidente de Foment, la patronal catalana, Joaquim Gay en un acto institucional. Las palabras iban dirigidas a Mariano Rajoy y a Artur Mas, invitados ambos al acto. Pero ninguno de los dos las escuchó; el primero estaba de viaje oficial y el segundo no se presentó cuando se enteró de que el acto lo iba a presidir Soraya Sáenz de Santamaría.
La Generalitat tiene una cifra para sustentar el agravio económico a Cataluña. Entre lo que aportan y lo que reciben hay una sisa de 16.500 millones de euros, un 8,5 % de todo lo que producen. Sin embargo, el cálculo se basa únicamente entre la aportación neta de Cataluña y la inversión directa en su territorio. Este sistema de cálculo deja fuera, por poner un ejemplo, gastos como el de la Casa Real o el Ejército, con escasa presencia en Cataluña.
El complejo cálculo sobre lo que se da y lo que se recibe es uno de los motores del proceso independentista. La solidaridad interterritorial no resulta convincente frente a una población que siente que paga más y recibe cada vez menos. En eso, los empresarios catalanes también están de acuerdo y apelan al principio de ordinalidad: al margen de cómo se haga el reparto, la comunidad número tres en aportaciones no puede ser la número seis al final del proceso.
La clave europea
Al empresariado catalán le gustaría que el debate se resolviera como un negocio, sin estridencias ni amenazas, pero también se da cuenta de que la cuerda se está tensando de más y que, en esa dirección, puede haber más pérdidas que beneficios. Al fin y al cabo, la parte más importante del mercado para los productos catalanes está en el resto de España y todavía se recuerdan las consecuencias del boicot al cava. Los empresarios gallegos instalados en Barcelona, que los hay y muchos, eludieron pronunciarse sobre el proceso.
La variable europea funciona también como arma arrojadiza. Una eventual separación de España supondría también la salida de la UE con todas sus consecuencias, esgrimen los unionistas. Pero donde la voluntad soberanista está más asentada, se apela a los ejemplos de Mónaco, Suiza o incluso Suecia, países pequeños o grandes que sobreviven con solvencia fuera de la Unión. En cualquier caso, Bruselas no se ha expresado aún con rotundidad sobre la cuestión y algunos expertos independientes consideran que esa será la llave para definir la evolución del proceso. Una posición clara contra la secesión frenaría las aspiraciones soberanistas de Cataluña y acabaría por forzar la negociación al ámbito de la financiación autonómica.