La Fiscalía pide el comiso de 6,6 millones que se llevó CDC en el caso Palau
ESPAÑA
Reclama penas de 27 años de prisión para los dos principales afectados
25 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Cuando han transcurrido ya más de cuatro años de la presentación de una querella por la Fiscalía contra los principales implicados y once de la remisión de una nota anónima a la Delegación de Hacienda de Cataluña en la que se denunciaban los hechos y que fue archivada sin haber realizado investigación alguna, el caso Palau, también conocido como el caso Millet o el saqueo del Palau de la Música, entra en su recta final.
La querella de junio del 2009 de la Fiscalía de Barcelona contra Felix Millet y otros tres directivos de la entidad se transformó ayer en acusación contra un total de 17 imputados y se solicitan penas de cárcel que van de los tres a los 27,5 años de cárcel, multas millonarias para varios de ellos y el comiso de 6,6 millones de euros que supuestamente fueron desviados a las cuentas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido de Artur Más.
Al ex tesorero de CDC, Daniel Osácar, se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por haber recibido parte de los fondos ilícitos que Ferrovial pagó al partido de Mas, a cambio de la adjudicación de obra pública. Se enfrenta a una petición de 7,5 de cárcel y 20 millones de euros de multa. Para Jaume Camps, otro destacado militante y parlamentario del mismo partido, la Fiscalía solicita año y medio de cárcel y 10 millones de multa por tráfico de influencias.
Los hechos objeto de la acusación en el proceso del mayor escándalo de corrupción de la historia moderna de Cataluña se relatan pormenorizadamente a lo largo de 150 folios.
Se piden 27 años y medio de prisión para quienes fueron los máximos responsables del Palau de la Música y saqueadores confesos de la institución: el expresidente Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull.
Casi idéntica pena -26 años y medio- se pide para Gemma, la hija de Montull, ex directora financiera del Palau de la Música, acusada de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Dos directivos de Ferrovial se enfrentan a peticiones de 4, 5 años de cárcel y 10 millones de multa cada uno.