A través de sus abogados, los hijos de la familia Fernández manifestaron su oposición a que los dos policías condenados pudiesen gozar de cualquier beneficio que les permitiese abandonar la prisión antes del 24 de enero del 2024 como fijó en su sentencia la Audiencia Provincial de Pontevedra. «Lo contrario supondría conceder el mismo trato a quien comete un delito que a quien comete cien», se hace constar como reflexión del abogado de la familia en la sentencia del Constitucional que avaló la aplicación de la doctrina Parot a los autores del cuádruple crimen de Nigrán.
La abogacía del Estado rechazó que a los dos condenados se les hubiese variado el tiempo de pena por descontar las redenciones del fallo y no del máximo fijado para encarcelaciones.
Aunque no advirtió que se vulnerase el principio de igualdad con otros presos, el ministerio fiscal sí dio, sin éxito, la razón a los condenados al estimar «la irretroactividad de lo desfavorable para el reo».