Al PP no le gusta ni le ha gustado nunca el actual sistema de financiación, pero Rajoy no tiene ninguna prisa por reformarlo. El modelo vigente, aprobado en el 2009, es fruto de una negociación bilateral entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat. Las presiones del Ejecutivo catalán presidido entonces por el socialista Montilla llevaron al Gobierno a aportar 11.000 millones de euros adicionales, que beneficiaron especialmente a Cataluña. El PP, que se abstuvo en la votación que aprobó el sistema, tachó el modelo de «injusto» y lo consideró un «chantaje político». El problema es que, estando ya en el Gobierno, Rajoy se ha encontrado con que las discrepancias ya no son entre el PP y el PSOE, ni entre el PP y Cataluña, sino que la división afecta a comunidades gobernadas por los populares. Y, en esa tesitura, Rajoy considera que por el momento es mejor un mal acuerdo como el actual que exponerse a un conflicto autonómico de imprevisibles consecuencias para su partido. Con el añadido de que no quiere gastar todavía la carta que guarda para tratar de frenar el ímpetu independentista de Cataluña, que no es otro que una mejora sustancial de su financiación.
Aunque cuando se aprobó el modelo abominaron de él, algunos barones, como el extremeño Monago o el castellanoleonés Herrera han comprobado que les beneficia. El gallego Feijoo considera que se trata de un modelo injusto, pero tampoco tiene prisa en reformarlo porque Galicia tampoco sale especialmente perjudicada en la práctica, más allá de que siga sin reconocerse la variable de envejecimiento y dispersión de la población. Pese a que Cataluña es la inspiradora del sistema, el modelo se le ha quedado muy corto a un Artur Mas que tira por elevación y ya antes de su órdago independentista exigía un pacto fiscal propio como el del País Vasco. Y, aunque resulte sorprendente, las tesis del madrileño Ignacio González no están lejos de las de Mas. Exige un cambio inmediato de un sistema que considera lesivo para su comunidad. Comparte la idea de que Madrid, al igual que Cataluña, contribuye demasiado a la solidaridad. Y advierte sin tapujos de que si se le otorga una fiscalidad propia a Cataluña, exigirá lo mismo. Con matices, también el balear Bauzá ve excesiva la contribución de las islas.
La propuesta de la catalana Alicia Sánchez-Camacho ha introducido más inestabilidad, pues muchos barones creen que detrás está el propio Rajoy. Sea así o no, lo cierto es que la publicación de las balanzas fiscales que ayer confirmó el presidente del Gobierno es una reivindicación permanente de Cataluña, que pretende demostrar así que su aportación a la solidaridad es desproporcionada.