«Los que diseñaron la Loapa creyeron que uniformando desde el punto de vista estructural todas las comunidades autónomas el problema catalán y el vasco se iban a diluir, pero ha sido al contrario, se estropeó más. Lo cierto es que los nacionalistas catalanes aceptaron el pacto constitucional, Miquel Roca dijo que por primera vez Cataluña se sentía cómoda en España y votaron la Constitución, pero con la uniformidad de todas las comunidades se les ha dado un pretexto para que digan que ellos no se siente igual que La Rioja o que Murcia», explica Meilán.
El colaborador de La Voz de Galicia considera que el «error descomunal» de Zapatero al decir que si gobernaba aceptaría el estatuto que saliera del Parlamento catalán agravó la situación. «Si a un nacionalista se le dice que puede hacer lo que quiera que yo le respaldo se le está obligando dialécticamente a pedir la independencia», señala. Además, Zapatero «no quiso aceptar la sugerencia del Consejo de Estado de que interviniera el Tribunal Constitucional antes de que se sometiese a referendo el estatuto catalán. También recrimina a Mariano Rajoy la recogida de firmas contra el estatuto que «jurídicamente no servía nada, pero contribuyó a generar antipatía». Con los errores de unos y otros y el maximalismo de Artur Mas, arrastrado por ERC, se ha llegado a una situación en que por primera vez CiU plantea la independencia.
Propuesta mal formulada
Meilán considera que la propuesta de Alicia Sánchez Camacho no está bien planteada, aunque la entiende porque «tiene que defender su territorio electoral». En su opinión, «lo que hay que hacer es una nueva financiación autonómica donde se haga una regulación con carácter general con unos criterios que a Cataluña le vayan bien y también salga favorecida alguna otra comunidad, eso forma parte del arte de la política». Es, argumenta, lo que seguramente hará Mariano Rajoy, ya que «el Gobierno tiene instrumentos suficientes para sin aceptar esa singularidad excepcional que pide Sánchez-Camacho satisfacer a los catalanes, que cogerán lo que les dan, dirán que ha sido gracias a su presión, pero seguirán reclamando el derecho a decidir», señala el catedrático en Derecho Administrativo.