José Luis Melián Gil: «El Estado de las autonomías que hay no responde a la Constitución»

Considera que no debería haber 17 asambleas con capacidad legislativa


Madrid / La Voz

Catedrático de Derecho Administrativo, ex diputado de UCD, José Luis Meilán Gil jugó un papel relevante en los debates sobre la Constitución, especialmente en lo referente al título VIII sobre la organización territorial del Estado. Formó parte del equipo que pilotaba Fernando Abril Martorell, que tomó las riendas de las negociaciones tras una famosa cena con Alfonso Guerra, y participó en las reuniones con los grupos parlamentarios, a excepción de Alianza Popular que rechazó participar, en las que se llegaron a acuerdos que él luego defendió mediante enmiendas orales. Contribuyó a que se modificara en puntos esenciales el anteproyecto que regulaba las comunidades autónomas.

-Usted mantiene que el Estado de las autonomías actual no responde al espíritu de la Constitución.

-No solo no responde a su espíritu sino tampoco a su letra. La Constitución permite la generalización de las autonomías, pero la lectura que ha conducido a la uniformidad, a que todas ellas tengan asambleas legislativas con la potestad de dictar leyes, no se corresponde con lo escrito y aprobado en el texto constitucional, sino con lo que figuraba en el anteproyecto. Ese fue el cambio fundamental que se introdujo en la ponencia después de presentarse las correspondientes enmiendas, que no se reconocieran las asambleas legislativas con carácter general.

-¿Qué comunidades deberían tener esos parlamentos?

-Solo Cataluña, el País Vasco y Galicia, las tres que habían aprobado en referendo sus estatutos, más todas aquellas que superasen un procedimiento muy arduo y complicado podían acceder al máximo de competencias y tener asambleas legislativas. El País Valenciano y Canarias comenzaron a tramitarlo pero desistieron y las demás comunidades no lo intentaron. En Andalucía no se alcanzó la mayoría suficiente en Almería, pero se aprobó el estatuto.

-¿Por qué se hizo de esa manera, dando esa potestad legislativa solo a esas tres comunidades y a las que superasen un procedimiento difícil?

-Porque había que resolver los contenciosos pendientes, fundamentalmente en Cataluña y el País Vasco, pero sin presentarlo como una excepción cerrada. Por eso se buscó una fórmula que hacía posible que accedieran a tener asamblea legislativa las comunidades que tuvieran un impulso autonómico suficiente, pero con un procedimiento muy difícil. Eso es lo que dice el artículo 152 en relación con el 151. Solo los estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151 tendrán consejo de gobierno y asamblea legislativa y en ningún sitio aparece nada más. Se vulneró la letra del artículo 150.2, que dice que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Dicho de otra manera, se podían traspasar las facultades de la competencia, pero no la competencia entera. Pero se traspasaron las competencias en vulneración de la Constitución, como reconoció el Consejo de Estado cuando hizo su informe sobre la reforma constitucional planteada por José Luis Rodríguez Zapatero.

-¿Qué consecuencias ha tenido la existencia de 17 parlamentos legislativos?

-Ha generado muchos problemas competenciales que no existirían si no tuviesen todas ellas potestad legislativas. Hay multitud de leyes innecesarias, ha creado dificultades por ejemplo en cuanto al mercado único. La generalización de las autonomías ha sido positiva, hay cuestiones que se han arreglado mejor gracias a la cercanía frente al Estado centralizado, pero no la de los órganos legislativos.

-¿Qué se puede hacer ahora para revertir esta situación?

-La realidad es que el Estado de las autonomías que tenemos no coincide con lo que dice la Constitución. Se han implantado asambleas legislativas a través de estatutos de autonomía que no son conformes con el texto constitucional. Los dos grandes partidos, que han conculcado la Constitución, podrían reformar los estatutos que no han sido aprobados en referendos y volver a la situación anterior. Quedarían Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía. Tienen votos suficientes para hacerlo y transformar las actuales asambleas legislativas en asambleas normativas, con lo cual se eliminarían multitud de problemas competenciales. Se trata de restaurar el marco constitucional tal y como fue diseñado. Muchos colegas dicen que hay que reformar la Constitución para dejar claras las competencias del Estado y las autonomías. No es necesario, si se reforman los estatutos de esa forma el 90 % de los problemas competenciales se resolverían.

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