En un auto dado a conocer ayer, la jueza Mercedes Alaya entiende que fueron precisamente los escalafones más altos de la Junta de Andalucía, es decir los responsables políticos, quienes idearon el sistema de concesión de las ayudas, que la instructora de la causa considera ilegal. Alaya desmonta así la tesis defendida por la propia Administración andaluza e incluso las filas socialistas, y apunta que el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero no sería «el único responsable» de las ayudas «fuera del procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención». Según Alaya, Guerrero «ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables a mayor escala, un sistema que respondía a una decisión política y que se crea, indiciariamente, en vía presupuestaria».