El Gobierno afirma que pretende unificar las medidas existentes actualmente dispersas. Ello supone reconocer que hay mecanismos para combatir la corrupción, pero no se usan de manera eficaz. Lo que los politólogos llaman «bajo rendimiento institucional», un rasgo por cierto que afecta al conjunto del entramado institucional de España. Se explica mal (o quizá demasiado bien) que instituciones como el Tribunal de Cuentas, de probada ineficacia, puedan mantenerse por más que se afirme que van a reforzarse. Y, por el contrario, no parece que vayan a reforzarse las labores fiscalizadoras de la inspección de Hacienda, donde está gran parte del meollo. De las medidas que se anuncian como nuevas, por ahora no son más que declaración de intenciones. Da la impresión de que la propuesta del Gobierno incluye pocas novedades y sí muchas medidas dispersas tendentes a crear una imagen de activismo contra la corrupción.
Que medidas contra la corrupción y reforma del Código Penal se hayan presentado conjuntamente lleva a pensar que las primeras son el envoltorio para vender mejor la segunda: un Código Penal mucho más represivo. No más modernizador, como sostiene el ministro.
Pero los acontecimientos futuros nos dirán en qué se queda esta puesta en escena. Por ahora no conviene crearse demasiadas expectativas.