El Gobierno ha aprobado una serie de medidas encaminadas a la regeneración democrática de la vida política que pretende poner coto a las actividades ilícitas cometidas por funcionario público y por políticos. En su conjunto, y aunque no se conozcan todas al detalle en este momento, hay que dar la bienvenida a cualquier esfuerzo que se articule en este sentido. En especial, nos parece interesante resaltar la comparecencia ante el Congreso de los tesoreros de los partidos, para dar cuenta de la gestión y del balance financiero anual del respectivo partido, o la reforma del Código Penal para extender al propio partido la responsabilidad penal en casos de corrupción y financiación ilegal -algo que, ya anticipamos, va a suscitar interesantes cuestiones jurídicas de fondo-. Aunque entendemos que esa importante y determinante «regeneración democrática» -que se quiere promover a través de este paquete de actuaciones- no se puede alcanzar única y exclusivamente a través de medidas legislativas, a través de la hiperregulación del espacio político y de la actividad política, del detalle en la determinación de los supuestos ilícitos. De nada servirán si no se acompañan de un cambio de mentalidad, de actitud en el modo de entender el ejercicio de la política. Esto no afecta a los partidos, atañe a las personas, y ahí es donde está el quid de la cuestión.