Entre las reformas que aprobará el Gobierno se incluye una una nueva ley de la función pública del Estado y un estatuto del directivo público que fijará su régimen jurídico, así como su proceso de selección y la evaluación de su rendimiento. El Gobierno no tendrá fácil sumar apoyos a esta norma, como no lo ha tenido en muchas de sus propuestas para la reforma de la Administración local.
Sueldo de los alcaldes
Retribución mínima. Los alcaldes rechazan la pretensión del Gobierno de retirar el sueldo a los regidores de municipios de menos de mil habitantes.
Interventores
Rechazo a su reforzamiento. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) rechaza el plan de reforzar del papel de los interventores, y también que que solo la Administración General del Estado pueda nombrarlos y destituirlos, así como que los alcaldes no puedan pedir informes alternativos en caso de que no estén de acuerdo con su criterio.
Competencias Impropias
No a su eliminación. Los regidores españoles no están de acuerdo en que se elimine con carácter general la potestad de ejercer competencias que no les son propias a todos los ayuntamientos que no cuenten con un informe positivo de las comunidades. A juicio de la FEMP, esto vulneraría la autonomía local. Entienden los ayuntamientos que aquellos municipios que tengan sus cuentas saneadas deben poder ejercerlas.
Críticas de los sindicatos
Despidos y recorte de sueldos. A pesar de que, como el resto de los agentes sociales, los sindicatos están invitados al acto que se celebra hoy en la Moncloa, tanto la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-F) y la Federación de Servicios Públicos de UGT rechazan la reforma de la Administración local que plantea el Gobierno porque, a su juicio, originará despidos y recortes de sueldo entre los funcionarios y repercutirá negativamente en la calidad y cantidad de servicios públicos que prestan los ayuntamientos.