Un exjuez famoso advertía ayer contra el escrache institucional a quienes investigan casos de corrupción. En el PP se quejan de la presión que ejercen sobre sus dirigentes los desahuciados, a los que han llegado a comparar con los nazis, pero nada dicen de la que sufren quienes, como el juez Castro, se esfuerzan en dignificar su profesión, la de impartir justicia, incluso contra los todopoderosos. Los delitos fiscales, como los económicos en general, son muy resbaladizos, especialmente cuando quienes los cometen tienen medios y recursos para filtrarse por las rendijas del sistema y dar apariencia de legalidad a sus fechorías. La complejidad de las causas por corrupción hace que los jueces avancen haciendo equilibrios sobre un fino alambre. Un trance que los investigados, asesorados por poderosos bufetes de abogados, aprovechan para burlar la ley. De ahí que la mayoría de estos procesos mueran por defectos de forma. Es lo que logró el PP con el caso Naseiro y pretende repetir en el Gürtel-Bárcenas. Por eso es fundamental la cooperación decidida de la Fiscalía y de Hacienda. Hacerlo a discreción, como puede desprenderse de sus últimas acciones, pone en riesgo la investigación judicial. Y eso sería más grave que un simple escrache, porque sería un escrache a la democracia.