Los escándalos obligan al Gobierno a incluir a la Casa del Rey, a los partidos y a las entidades que se financian mayoritariamente con dinero público
28 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.En principio la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno iba a afectar solo a las administraciones públicas. Pero el clamor social ante los escándalos de corrupción ha obligado al Gobierno a ir rectificando e incorporar a la normativa a la Casa Real, los partidos políticos o la Iglesia. Los expertos alertan el peligro de que la norma se quede corta y no responda a las expectativas creadas en un tiempo de creciente perdida de credibilidad ciudadana en las instituciones y los políticos, y señalan los puntos débiles que se deberían mejorar.
Las entidades afectadas
La barrera del 51 %, en estudio. El Congreso aprobó el 26 de febrero una resolución tras el Debate sobre el Estado de la Nación que instaba a buscar «la mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público». El Gobierno quiere fijar un baremo objetivo para establecer cuáles deben ser incluidas. Aún está en estudio, pero lo más probable es que el umbral se sitúe en el 51 % de financiación con fondos públicos.
La casa del rey
Por primera vez en la historia rendirá cuentas. La Casa del Rey comunicó, tras la imputación de la infanta Cristina, que llevaba dos meses negociando su inclusión en la ley con el Gobierno, que hasta entonces se había opuesto a que se incorporara. Lo hará junto al Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Desde el 2011 publica un breve resumen de unos tres folios de las partidas en que se gasta la asignación que recibe anualmente del Gobierno, la última de 7,9 millones. Cuando entre en vigor la ley deberá dar a conocer la ejecución de cada partida de su presupuesto, aunque no se sabe hasta qué nivel de detalle, lo que podría depender de la propia Casa del Rey, ya que no se prevé que la norma lo concrete. Lo que sí está ya cerrado es que se harán públicos todos los contratos de la Zarzuela, el coste de los viajes, de personal o de mantenimiento de los palacios, y en definitiva los gastos que asumen los diferentes ministerios. Una cuestión que aún resta por ver es si el rey tendrá que desglosar la asignación que reparte entre la reina, la princesa de Asturias y las infantas, lo que en principio no está previsto. En este ejercicio dispone de 260.000 euros para gastos de representación de doña Sofía, doña Letizia y doña Elena, ya que la infanta Cristina no recibe nada porque no participa en actos oficiales desde que fue imputado su marido.
La Iglesia
Régimen especial. No se sabe qué fórmula se utilizará para que dé cuenta del dinero público que recibe, que es difícil de precisar. Según la organización laicista Europa Laica, la Iglesia católica percibe anualmente unos 11.000 millones de las administraciones, de forma directa o indirecta. Desglosa así las partidas más importantes: exenciones y bonificaciones fiscales (2.500), enseñanza (4.610), obra social y asistencial (1.900), subvenciones autonómicas (900), mantenimiento del patrimonio (700), diferentes eventos (300) y casilla del IRPF (241).
Los partidos políticos
Los detalles, en otras leyes. Varios expertos rechazan que la transparencia de los partidos se deba regular detalladamente en esta ley. Así lo dijo en la Comisión constitucional el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, asesor del Gobierno, que aseguró que debe hacerse en la ley de partidos y otras de carácter orgánico. Para el profesor Fernando Jiménez, la ley solo tendrá que recoger una alusión general que afirme que esos principios deben aplicarse a los partidos, «tanto en lo que respecta a su financiación pública como privada, dado el lugar que ocupan en el orden constitucional». En su opinión, los detalles deben figurar en la Ley Electoral y la de Financiación de los partidos. Considera clave que el órgano encargado de vigilar que cumplen con la obligación de transparencia sea independiente del Gobierno y los partidos, tenga medios y competencias para garantizar el control efectivo de sus cuentas.