El Estado no tendrá que indemnizar por el cierre del espacio aéreo en el año 2010
ESPAÑA
El Estado no tendrá que indemnizar por los perjuicios causados a decenas de miles de ciudadanos durante la huelga salvaje que los controladores realizaron sin previo aviso, de forma «premeditada y voluntaria», los días 3 y 4 de diciembre del 2010, «con la clara finalidad de colapsar el tráfico aéreo». Así lo acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia notificada ayer, en la que respalda la decisión tomada por el ente público de aeropuertos y navegación aérea (Aena) de cerrar el espacio aéreo español de forma temporal durante casi 24 horas, al apreciar que se dieron causas de «fuerza mayor» para ello.
A juicio de los magistrados, dicha decisión fue «la única acorde a un mínimo criterio de prudencia y salvaguarda» de la seguridad aérea. El fallo, contra el que no cabe recurso, desestima el presentado por la agencia de viajes Panorama Cultura, que pedía una indemnización de casi 36.000 euros por daños morales y materiales ya rechazada el pasado octubre por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1. Los magistrados estiman que Aena actuó por imperiosa necesidad de «garantizar tanto la vida e integridad de las personas como de las propias instalaciones aeroportuarias, ante una situación absolutamente excepcional, grave, imprevisible e inevitable».
Agotada la vía civil -en los juzgados centrales de lo contencioso esperaban otras 7.000 denuncias similares a que una instancia superior resolviera sobre la responsabilidad patrimonial del Estado-, ya solo restan por dilucidar los casos abiertos en la penal. Cerca de dos centenares de controladores continúan imputados en distintos juzgados de Madrid, Barcelona, Girona, Mallorca, Ibiza, Canarias, Santiago, Bilbao, Sevilla y Málaga por la presunta comisión de los delitos de sedición -por abandono injustificado de su puesto de trabajo, que fueron militarizados poco después- e incluso detención legal, por la retención forzosa de los pasajeros de un avión en el aeropuerto de Barajas. No obstante, la Fiscalía empezó ya a pedir el archivo de algunos procedimientos tras cuestionar que se esté aplicando una norma preconstitucional».