«Aínda non coñezo o auto. Polo tanto, non fago declaración ningunha», manifestó ayer a La Voz José Luis Baltar, que fue presidente de la Diputación ourensana de 1990 al 2012. Su abogado, Luis Romero, está estudiando la resolución desde ayer por la tarde y dijo que el lunes se reunirá con su defendido para tomar una decisión sobre el más que probable recurso que presentarán contra la decisión del juez.
Baltar se enfrenta a una acusación de prevaricación, tipificada en el artículo 404 del Código Penal. Si finalmente es condenado, el expresidente de la Diputación se enfrentaría a una pena de siete a diez años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Esta circunstancia no afectaría al exbarón popular, que abandonó la política en enero del año 2012 y que incluso ha pedido la suspensión temporal de militancia en el PP mientras no se resuelva su caso.
El único modo que habría de que a José Luis Baltar se le aplicaran penas de prisión sería que al de prevaricación se sumaran otros delitos. De hecho, el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la resolución conocida ayer para insistir en que el expresidente provincial también sea imputado por malversación y falsedad documental. A juzgar por el auto de ayer, el juez no accederá a esa pretensión, ya que, además de advertir a los socialistas de que para extender la investigación a otros hechos sería necesaria una nueva querella, no ve indicio alguno de esos delitos en el proceder de José Luis Baltar. Tampoco lo ve en la actuación del secretario, Francisco Cacharro; el exinterventor, José María Baños, y el jefe de Personal, José Luis Suárez, también señalados por los socialistas.