Los expertos consideran insuficientes las propuestas de Rajoy y Rubalcaba y propugnan soluciones de fondo contra la corrupción
17 feb 2013 . Actualizado a las 23:32 h.Para combatir la corrupción se requieren medidas que van mucho más allá de las propuestas hasta ahora por Rajoy y Rubalcaba. Expertos (Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política; Xavier Arbós, catedrático de Constitucional; Fermín Bouza, catedrático de Opinión Pública;y Yolanda Gómez, catedrática de Constitucional ) en temas de corrupción y constitucionalistas explican por qué proliferan los casos y aportan soluciones.
¿Por qué hay tanta corrupción relacionada con los partidos?
Las causas son variadas pero en la base están las deficiencias del sistema de financiación y la falta de transparencia. Al decidir sobre el destino de los recursos públicos, los grandes partidos se convierten en objetivo prioritario de quienes quieren lucrarse logrando contratos públicos, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos mediante el pago de comisiones o la entrega de donaciones. Como destaca Manuel Villoria, miembro de la dirección de Transparencia Internacional, la corrupción en los partidos es directamente proporcional al poder institucional que tienen. El sociólogo y politólogo Fermín Bouza sostiene que los partidos atraen a «mucha gente que se ha educado en lo que se llamó cultura del pelotazo».
¿Qué propuestas deberían hacer Rajoy y Rubalcaba en el debate?
Los expertos consideran muy insuficientes tanto el proyecto de la Ley de Transparencia del Gobierno como las propuestas del líder socialista. Proponen medidas mucho más de fondo para garantizar la total transparencia de sus cuentas, como obligarles a publicar las listas de donantes y de quienes les perdonan las deudas, evitar que las fundaciones se conviertan en la puerta trasera que les permita burlar las prohibiciones legales, cambiar la ley electoral para acabar con las listas cerradas y bloqueadas, impulsar la democracia interna o despolitizar la justicia y las administraciones públicas. El catedrático de Constitucional Xavier Arbós aboga por campañas electorales más baratas, reducción progresiva de la financiación pública y establecer la responsabilidad civil de los partidos cuyos dirigentes sean condenados por corrupción. El investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Jordi Muñoz propugna una «revolución» en la financiación con la máxima transparencia y límites muy estrictos en los gastos y las campañas electorales. La catedrática de Derecho Constitucional Yolanda Gómez cree muy necesario que PP y PSOE lleguen a acuerdos.
¿Por qué se mantienen las prácticas corruptas?
Villoria da cuatro explicaciones. 1) Porque hasta ahora existía una sensación de impunidad; 2) los partidos tienen muchas necesidades económicas derivadas de las constantes elecciones que tienen que financiar; 3) los controles son muy débiles y no permiten asegurar la sanción de las conductas inmorales; 4) porque para acabar con la corrupción deberían tomar decisiones que ponen en riesgo la fidelidad de las redes clientelares. Hay que añadir que la corrupción no ha tenido costes electorales significativos, sobre todo para el PP.
¿Es eficaz el Tribunal de Cuentas para fiscalizar a los partidos?
No. Gómez destaca el retraso en la fiscalización (cinco años), por lo que urge una reforma a fondo tanto del procedimiento como de los plazos y de las sanciones. Fernando Jiménez , profesor de Ciencia Política y reputado especialista, sostiene que se le debería dotar de las competencias de inspección y la independencia necesarias. Tendría que cruzar sus datos con el Banco de España, lo que no autoriza la última reforma de octubre, pero también con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, inspeccionar las sedes de los partidos y tener capacidad de sanción a las empresas colaboradoras de los partidos que no le den la información que solicite.
¿Tendrá coste en las próximas elecciones?
Muñoz, coautor de un estudio sobre el limitado impacto electoral de la corrupción, explica que ahora sí tendrá coste. Esta se castiga mucho más cuando se trata de lucro personal a costa del erario público que si tiene efectos económicos colaterales positivos para una comunidad o un municipio. Los casos que están aflorando y los que pueden surgir en un contexto de crisis apuntan en la primera dirección.