Gobierno y Generalitat se enfrentan por el alcance del espionaje entre partidos

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría distinguió entre Cataluña y el resto de España en lo que a espionaje político se refiere. «Puede que allí sea generalizado», pero en las demás comunidades «no es lo habitual». Una impresión rechazada de plano por la Generalitat, cuyo portavoz, Francesc Homs, dijo no tener «ni la sensación ni la información» para pensar que «todo el mundo tiene o ha tenido los teléfonos pinchados y micros en todas partes». Más bien relacionó la aparición de estos casos con la postura soberanista de su Gobierno.

La número dos de Rajoy sostuvo que las vigilancias indeseadas o la grabación de conversaciones privadas son delitos «muy graves» y el Ejecutivo, aseguró, está dispuesto a ir «hasta el final» para perseguirlos y que sus autores sean castigados. Reclamó a policía, fiscales y jueces que actúen «con toda contundencia» para acabar con estas prácticas. Precisó que la Brigada de Delitos Tecnológicos de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación a raíz de la denuncia presentada por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, cuya conversación privada con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola en un restaurante fue grabada por detectives de la agencia Método 3 a instancias, según informaciones publicadas, del PSC. Confió en que sea «una excepción» que no se puede generalizar entre las fuerzas políticas catalanas, aunque es «muy llamativa» la cantidad de circunstancias que se mezclan en este caso.

Delitos que se castigarán

Señaló que el Gobierno no sabe «si se ha espiado ni quién ni cuánto costaban los informes ni quién los ha comprado». Ignora también si en el restaurante en que fueron grabadas Sánchez-Camacho y su interlocutora, Victoria Álvarez, «se espiaba o no a todo el mundo o selectivamente». En todo caso, insistió, se trata de delitos muy graves que serán castigados cuando la investigación policial dé frutos. La red de espionaje de Método 3 y otras agencias de detectives realizaron alrededor de medio millar de informes sobre políticos y empresarios, de acuerdo a las informaciones de la prensa catalana.

El Gobierno catalán sí tiene una idea de por qué ocurre esto ahora. Cree que no es ninguna casualidad que los episodios de espionaje y buena parte de los casos de corrupción que dibujan un panorama de una Cataluña en crisis y en decadencia, se hayan destapado coincidiendo con el proyecto hacia la independencia emprendido por el Ejecutivo de Artur Mas.

Una hipótesis que Sáenz de Santamaría rechazó con rotundidad porque «siempre que salen noticias» de este tipo o de otro el portavoz del Gobierno catalán «lo liga con el mismo tema», la soberanía. «Que deje a la Fiscalía y a los jueces investigar sin meternos en mayores asuntos», reclamó.

Cuentas en Suiza

Pero Homs siguió a lo suyo: «Han pasado cosas que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista». Citó las informaciones publicadas durante la campaña sobre la existencia de cuentas en Suiza a nombre de Mas y Jordi Pujol, que tenían como base supuestos informes policiales, pero que nadie ha sido capaz de determinar de dónde procedían. «Aquellas informaciones eran porque el proceso electoral iba muy vinculado al proyecto soberanista», dijo Homs, que se preguntó por qué los episodios de grabaciones se conocen ahora y no hace dos años. En cualquier caso, reclamó que se investigue con celeridad el incidente de espionaje que afecta a la líder del PP catalán y la exnovia de Pujol Ferrusola. «Nos interesa investigar en profundidad», dijo, a la vez que mostró su disposición de la Generalitat a colaborar con la policía. Homs, que señaló que no le consta que CiU encargara espionajes que a él le suenan a «películas de James Bond», consideró, no obstante, que la «desconfianza mutua, de todos entre todos» se ha apoderado de la política catalana.

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