Bajo la alcaldía de Gallardón, pagaron 144.000 euros a la fundación de niños discapacitados de Urdangarin por trabajos que no se realizaron
09 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Casi un año y medio después de que comenzara la instrucción del caso Nóos, el epicentro de la investigación se trasladó por unas horas del foco mediterráneo a Madrid. El juez José Castro y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach se desplazaron a la capital para interrogar como imputados a tres exaltos cargos del proyecto olímpico Madrid 2016 por entregar 144.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social -una entidad aparentemente dedicada a la atención de niños discapacitados que sucedió al Instituto Nóos y que fue usada por Iñaki Urdangarin supuestamente para evadir capitales- por trabajos que presuntamente nunca se llevaron a cabo. Se trata de la exconsejera delegada de la Oficina Madrid ?16 (o, lo que es lo mismo, de la candidatura) Mercedes Coghen; el director financiero de aquel proyecto, Gerardo Corral; y Miguel de la Villa, quien fue director general de Deportes del Ayuntamiento bajo la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.
La pista sobre la existencia de este convenio madrileño supuestamente irregular la dio el ex presidente del Gobierno autónomo balear Jaume Matas sin quererlo. Este solicitó al magistrado que pidiera al Ayuntamiento de Madrid toda la documentación sobre el convenio de Madrid 16 para demostrar el «prestigio» que Urdangarin tenía en el mundo del deporte internacional y que contratar con él era algo que hacían asiduamente otras Administraciones.
Valencia se persona
Mientras, la Generalitat valenciana, que firmó cuatro contratos con Urdangarin y Diego Torres por valor de cerca de 3,5 millones de euros, ha decidido personarse como perjudicada para intentar recuperar el dinero que, según la Fiscalía, el duque de Palma y su exsocio cobraron ilícitamente.
Esta personación no ha sido ni mucho menos fácil. Incluso el propio juez Castro tuvo que instar al Ejecutivo de Alberto Fabra a participar en el proceso porque siempre había sido reticente a acusar al yerno del rey. La negativa a reclamar daños había llegado al «absurdo jurídico» -según palabras de la propia Fiscalía Anticorrupción- de fijar una fianza civil millonaria, de la que más de la mitad se derivaba de convenios en Valencia, cuya Administración seguía dando los acuerdos por buenos al no denunciarlos.
Hasta que ayer el Consejo de Gobierno valenciano dio autorización a la Abogacía de la Generalitat a personarse en el caso Nóos, pero solo en la vía civil (no será acusación penal como sí lo es Baleares) y para tratar de que se le devuelva el dinero de los tres Valencia Forum celebrados entre los años 2004 y 2006 (cada uno costó al erario público 1.044.000 euros) y de la promoción de los fallidos Juegos Europeos (380.000 euros).
El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Fabra, José Císcar, quiso dejar claro que la personación responde exclusivamente a «la supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos» y no a posibles irregularidades que cometiera el equipo de Francisco Camps, ya que estima que los convenios eran «administrativamente correctos» y «avalados» por un «informe favorable de la Abogacía de la Generalitat».