Imputado no es sinónimo de condenado. Pero cuando la palabra imputado es el apellido del nombre de un cargo público, los ciudadanos imponen su particular pena: la dimisión. El hartazgo ha derrumbado el dique del dilema moral. Los partidos no han aplicado un filtro de buenas prácticas en sus aparatos y el resto de la sociedad levanta sus propias barreras. Muchos de los que eran agnósticos en política, que secretamente esperaban que el fondo del río revuelto guardara alguna pepita de oro, ahora son ateos. Ya no creen. La buena fe, esa en la que se cimientan otros países a fuerza de costumbre, se ha ido por el sumidero del desencanto. Y aplican la presunción de culpabilidad. A grandes males, exigencias mayores. Seguramente los políticos honestos lamenten tener que expiar pecados pasados, corrupciones ajenas. ¿Es justo? No. Pero también los pobres gobernados pagan por supuestos derroches, por teóricos errores de cálculo, por hipotéticas faltas de productividad. Condenados sin juicio. Todos presuntos culpables.