Descarta un acuerdo global sobre la ley de bases que podría aprobarse el viernes
30 ene 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La expectativa del Gobierno de alcanzar un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para aprobar la reforma de la Administración local sufrió ayer un duro varapalo. Íñigo de la Serna, presidente de la FEMP y alcalde de Santander, del PP, descartó cualquier posibilidad de un pacto global y limitó el consenso a aspectos puntuales. El principal punto de fricción es la propuesta del Gobierno de reducir el número de concejales, especialmente el de los que cobran sueldo. Aunque el Ejecutivo ya ha comunicado a la FEMP que la rebaja sería «sensiblemente inferior» al 30 % anunciado inicialmente, los alcaldes pretenden que no haya ninguna modificación a la baja.
Respecto a la pretensión del Gobierno de que los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan la prestación de servicios con la calidad mínima exigida pierdan esas competencias en favor de las diputaciones, la FEMP plantea que puedan recuperarlas si en cinco años hacen los ajustes necesarios para poder asumirlas .
Entre las reformas previstas está también la del sueldo de los alcaldes. En las grandes ciudades, en algunas de las cuales cobran actualmente más que el presidente del Gobierno, la FEMP admite equipar los salarios a los de los secretarios de Estado. Según de la Serna, en los municipios pequeños el sueldo estaría en función de si se tiene dedicación exclusiva.
Otro desacuerdo es el papel que el Gobierno quiere dar a las diputaciones y que, según el vicepresidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, resulta impropio. Esa falta de acuerdo impide que los ayuntamientos apoyen por ahora la reforma de la ley de bases que el Gobierno podría presentar este viernes en el Consejo de Ministros. Caballero considera que el acuerdo sobre la ley de bases no es posible porque tal y como la plantea el Gobierno supone un «encarecimiento de competencias, menos eficiencia y peor prestación de servicios» sin solucionar además «las duplicidades y solapamientos», dando preponderancia a una institución del sigo XIX como las diputaciones.