Los partidos ven poco viable un pacto contra la corrupción

ramón gorriarán / Colpisa

ESPAÑA

Luis Bárcenas, extesorero del PP, a la salida de su domicilio.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, a la salida de su domicilio. zipi < / span>efe< / span>

El Gobierno, salvo la Ley de Transparencia, no se plantea otras reformas

28 ene 2013 . Actualizado a las 13:04 h.

Todo apunta que el pacto contra la corrupción no va a pasar de ser una declaración de intenciones sin visos de hacerse realidad. Los partidos creen que es poco viable formalizar ese acuerdo reclamado por todos, pero concretado por nadie. El Gobierno, aunque dice que aprecia receptividad entre las fuerzas políticas para avanzar por ese camino, se conforma con trenzar un acuerdo amplio en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El resto de los partidos ni eso, y son pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento en el proyecto que se tramita en el Congreso.

El pacto anticorrupción es una medida recurrente que cada cierto tiempo aparece en la escena política, sobre todo cuando recrudecen los casos de fraudes con fondos públicos a cargo de dirigentes políticos. Hace tres años, a rebufo del caso Gürtel, también estuvo en la palestra un acuerdo en este sentido, pero quedó en nada. El primero en poner sobre la mesa el asunto fue el PSOE, que reclamó, el 12 de enero, un compromiso firme contra la corrupción a través del líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sus palabras no encontraron eco, hasta que Mariano Rajoy, con el escándalo de su exjefe de finanzas sobre la mesa, ofreció el pasado lunes «un gran pacto» anticorrupción. Su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se puso de inmediato manos a la obra y habló con todos los portavoces parlamentarios, pero recibió respuestas tibias, cuando no contrarias. Solo CiU, tocada por la condena a Unió por el caso Pallerols, mostró interés en acordar «una praxis común» de los partidos ante estas situaciones. El interlocutor de Sáenz de Santamaría era Josep Antoni Duran i Lleida, el principal afectado por la financiación irregular de su partido.

Primero Alfredo Pérez Rubalcaba y después su número dos en el PSOE, Elena Valenciano, comentaron que este «no es el momento» de formalizar un pacto anticorrupción. Es la hora, comentaron ambos, de que el PP aclare y dé explicaciones sobre los manejos económicos de su extesorero y los supuestos pagos de sobresueldos opacos a altos cargos del partido. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también apuntó que los populares con su propuesta solo pretenden extender «la tinta del chipirón» a otras fuerzas y hacer causa común ante un problema que acucia a su partido. «Ahora que el PP tiene un problema vamos a hacer como si todo el mundo lo tuviera», comentó recientemente Esteban.

Lavar la colada

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también se negó a «ayudar al Gobierno a lavar su colada» y tampoco el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, se mostró partidario de buscar consensos poco prácticos. Planteó la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Justicia del Congreso que estudie medidas legales contra las prácticas corruptas y una revisión de la ley de incompatibilidades de altos cargos para impedir que se simultaneen actividades públicas y privadas. Una petición sin respuesta, pero que los socialistas agarraron al vuelo y han presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre si ocho subsecretarios y secretarios generales tienen dedicación exclusiva a su cargo.