Falsean un informe para inculpar a una edila de Santiago en la Pokémon

El alcalde la presionó para que firmase el expediente que validaba el documento manipulado


santiago / la voz

La falsificación de un informe relacionado con la operación Pokémon es el penúltimo episodio del caso en Santiago tras la imputación por tráfico de influencias del alcalde de la ciudad, Ángel Currás (PP). El documento alterado forma parte del expediente por el que el Concello tenía que reconocer una deuda de 537.590 euros con Sermasa, una de las empresas del grupo investigado, Vendex, que una vez finalizado el contrato siguió prestando el servicio de limpieza, conserjería y control de trece colegios de infantil y primaria y de sus siete polideportivos.

El documento fue firmado inicialmente el 3 de diciembre por el jefe del departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez-Abella. El funcionario justificaba que se abonase el dinero a la firma señalando que «durante o tempo de tramitación administrativa do novo contrato, o servizo seguiuse prestando, xa que a interrupción do mesmo tería consecuencias negativas moi importantes para a comunidade educativa».

Ese informe desapareció del expediente y en su lugar apareció otro, con la misma fecha y casi idéntico salvo porque descargaba en la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, la responsabilidad de haber autorizado a Sermasa a prestar el servicio una vez que finalizó el contrato. La nueva redacción del documento dice: «Durante o tempo de tramitación do novo contrato, o servizo seguiuse prestando de acordo coas instrucións recibidas pola concelleira de Educación».

La sutil diferencia no tendría tanta importancia de no ser porque la edila también está imputada en el caso Pokémon, por falsedad documental, así como el funcionario que firmó los dos informes, el original y el alterado. La nueva redacción del documento presuntamente falsificado beneficiaría al trabajador del Concello compostelano y al alcalde Ángel Currás, que podrían así descargar en la concejala posibles consecuencias judiciales derivadas de este asunto.

La concejala se percató de la falsificación del informe y se negó a firmar el expediente de reconocimiento de la deuda con Sermasa. De haberlo rubricado, habría validado a su vez el documento alterado. En el gobierno local hay quienes hablan de «encerrona» a Rebeca Domínguez, ya que el alcalde convocó el pasado lunes una reunión con todos los ediles, varios asesores, el secretario y el interventor en la que Currás presionó insistentemente a la concejala para lograr que plantase su firma en el expediente, a lo que ella se negó.

Varios asistentes a la reunión aseguraron que la concejala advirtió a Currás de que el informe había sido alterado y se levantó para entregarle las dos versiones, a lo que el regidor respondió con un «yo no quiero ver nada» al tiempo que apartaba los documentos sin tan siquiera mirarlos. El alcalde acusó a Domínguez de dejación de funciones y la amenazó con dejar de cobrar como concejala.

La edila de Educación, al borde del llanto, dio varias alternativas para desbloquear la situación, entre ellas que el alcalde recuperase la competencia y firmase él o que se la revocase y la delegase en otro edil. También propuso que la deuda se incluyese en el presupuesto de este año, pero Currás rechazó todas estas opciones. «Aquello estaba montado para que Rebeca firmase y cargase con las culpas de todo», señaló uno de los que acudieron a la reunión.

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