El Poder Judicial cuestiona la reforma penal de Ruiz-Gallardón

Un informe que debate hoy la comisión de estudios dice que la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad son inconstitucionales


Redacción / la voz

La prisión permanente revisable y la custodia de seguridad de diez años para determinados penados, dos de las novedades estrella del proyecto de reforma del Código Penal que promueve Alberto Ruiz-Gallardón desde su llegada al Ministerio de Justicia, son de dudosa constitucionalidad. Además, una buena parte del resto de los cambios que recoge son de cuestionable oportunidad y coherencia con la realidad criminal del país. Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por dos letrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo la dirección de la vocal y magistrada Margarita Robles.

El documento de más de 300 folios será examinado hoy por la comisión de estudios y sometido a votación en el pleno del Consejo de la próxima semana. Es un informe preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, pero si obtiene el respaldo de la mayoría del pleno del CGPJ supondrá un duro revés para los planes reformistas de Gallardón.

El informe de la magistrada Robles, aunque solo cuestiona la constitucionalidad de las dos medidas estrellas del proyecto -la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad- es muy critico con todo él. Ya empieza censurado el preámbulo del mismo, en el que el Gobierno sostiene que la finalidad de la reforma del Código Penal es acabar con la desconfianza social que hoy genera la Administración de Justicia por la «imprevisibilidad de sus resoluciones». Un aserto que los autores del informe no solo no comparten, sino que rechazan categóricamente. «No se llega a entender -dicen- que una reforma de la normativa penal sustantiva puede contribuir a mejorar la previsibilidad de las resoluciones judiciales, pues es notorio que los jueces y magistrados se limitan a aplicar la normativa legal vigente en cada momento y si se dice que las resoluciones judiciales son imprevisibles, también lo serían cuando la reforma proyectada entre en vigor».

Sin precedentes

La prisión permanente revisable -una cadena perpetua encubierta, según el informe- es una novedad de calado que ninguno de los códigos penales españoles elaborados durante el siglo XX, ni en dictadura ni en democracia, la incluyeron en el catálogo de penas. En el informe se considera que una pena de ese tipo es difícilmente compatible con la finalidad de reinserción a la que deben estar orientadas las penas privativas de libertad, según establece el artículo 25.2 de la Constitución.

El informe también critica la regulación de la prisión permanente diferenciada para los delitos vinculados con el terrorismo, y solicita que se establezca un régimen jurídico uniforme para todos los delitos.

La reforma del ministro Gallardón introduce una nueva medida de control para sujetos condenados: la custodia de seguridad, que se cumpliría después de la pena de prisión, con una duración máxima de diez años. Recuerda el informe que esta medida tiene su origen en el derecho alemán, si bien advierte que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el propio Tribunal Constitucional alemán han declarado su inconstitucionalidad. El Tribunal de Estrasburgo entendió que la custodia de seguridad, al ser una medida que solamente está prevista respecto de personas que han sido condenadas repetidamente por delitos de cierta gravedad, es un régimen de cumplimiento exactamente igual al de la prisión, por lo que su supuesta finalidad únicamente preventiva no se compadece con un régimen jurídico que en realidad entraña la posible privación de libertad de por vida, con lo que configura un sistema de medidas de seguridad ilimitadas en el tiempo.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

El Poder Judicial cuestiona la reforma penal de Ruiz-Gallardón