La cúpula judicial atribuye los problemas de la Justicia a falta de voluntad política

Consejo y presidentes de tribunales superiores intentan arrebatar a decanos y asociaciones el liderazgo en las quejas a Gallardón

Ruiz-Gallardón y el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner (cuarto por la derecha), con los presidentes de los tribunales superiores de justicia tras la reunión en que plantearon sus demandas al ministro.
Ruiz-Gallardón y el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner (cuarto por la derecha), con los presidentes de los tribunales superiores de justicia tras la reunión en que plantearon sus demandas al ministro.

Redacción / La Voz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encabezado por Gonzalo Moliner, y los presidentes de los tribunales de Justicia de las comunidades autónomas, designados por el propio Consejo, están decididos a liderar las cada vez más sonoras reivindicaciones de la judicatura frente el Ministerio de Justicia hasta ahora capitaneadas por jueces decanos y asociaciones judiciales. Moliner celebró ayer en Madrid un encuentro de trabajo de dos horas con 15 de sus 17 delegados territoriales de facto en la que debatieron y consensuaron un denso documento de trabajo con un anexo de cinco medidas concretas, que ayer mismo entregaron en mano a Gallardón en un almuerzo celebrado en la sede ministerial.

Para sorpresa de más de uno, en la reunión, según aclaró al final de la misma la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, al menos oficialmente, no hablaron de las tasas judiciales que acaban de ser implantadas, ni de la actuación judicial frente a los desahucios, ni tampoco de una posible huelga de jueces. Según detalló, el motivo del encuentro era «el análisis de la actual situación de la Justicia española, así como las necesidades de los jueces y el malestar de la carrera judicial». Precisó Bravo que se han ceñido a debatir y consensuar un documento de trabajo en el que reflexionan sobre las «deficiencias y disfunciones» de la Administración de Justicia señalando «la tradicional falta de compromiso político» como causa determinante de las carencias que aquélla padece. Constatan incluso que es mucho menos eficaz que otras esferas de la Administración del Estado, «respecto de las que -precisan- sí ha existido voluntad política de mejora».

A esa falta de compromiso político para afrontar las carencias de la Administración de Justicia los firmantes del documento contraponen el nivel de compromiso de los miembros del poder judicial que califican de «encomiable». Consideran que «sin su esfuerzo personal no hubiera podido resistir tanto tiempo el edificio de la justicia en nuestro país».

«Diálogo franco»

Advierten así al ministro Ruiz-Gallardón que deberá escuchar el descontento de jueces y magistrados «porque expresa una realidad» tozuda. «Y a quienes ocupamos en estos momentos puestos de responsabilidad -reseñó- nos corresponde intentar traducirlo y hacerlo institucionalmente, en nuestra condición de representantes del poder judicial». Abogan por un «diálogo franco» para encontrar soluciones construyendo «espacios de entendimiento».

El documento hace especial énfasis en «la necesidad de preservar el Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional encargado de velar por la independencia de jueces y tribunales, dotado de las competencias y la composición adecuada». Y concluyen demandando que la crisis sirva para efectuar una profunda revisión del sistema judicial porque «si la Justicia deja de funcionar, no será posible que España pueda salir adelante».

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