El Gobierno es consciente de que será muy difícil socavar el renacido control de ETA sobre sus presos a raíz del alto el fuego definitivo del 20 de octubre y que el plan de reinserción se la juega en sus primeros meses. Instituciones Penitenciarias (IP) no ha dejado nada al azar y tiene muy estudiado a qué reclusos se va a intentar captar en esta primera fase. Interior no quiere pecar de ambicioso y en primera instancia aspira a reclutar para el programa a una treintena de etarras, en su mayoría, aunque no todos, con un perfil muy concreto: veteranos activistas con largas penas, condenas avanzadas y distanciados de la ortodoxia de la organización y de sus comisarios en las prisiones. La idea es que sirvan de banderín de enganche.
En mayo, IP remitirá instrucciones a los directores de las 51 cárceles en las que están dispersos los 486 presos que siguen fieles a ETA para que elaboren listados de los que consideren susceptibles de integrarse en el plan. Un programa que contempla posibles acercamientos al País Vasco si los reclusos rompen de forma «solemne y pública» con ETA y reniegan de la violencia, pero sin que tengan que pedir perdón a las víctimas.
Interior tiene puestos los ojos de forma muy particular en los presos de dos cárceles, la asturiana de Villabona y, sobre todo, la aragonesa de Zuera, en las que el anterior Ejecutivo socialista concentró desde el 2006 a los reclusos que, sin llegar a romper con la organización, habían dado muestras de hastío.
Hoy, esos centros albergan todavía a 36 reclusos, muchos, según explican responsables penitenciarios, se quedaron hace un año y medio «en puertas» de entrar en la llamada vía Nanclares. Se frustró porque la tregua del 2010, y luego el alto el fuego permanente de enero del 2011 y el definitivo de octubre, alimentó, con la ayuda de ETA, la expectativa de una salida colectiva para todos los reclusos.
Interior cree que ese grupo, en particular el de Zuera, es «casi en su totalidad» susceptible de ser captado, ya que la gran mayoría hace tiempo que no responde a las consignas de la banda. Todos son conscientes de que no habrá amnistías ni medidas colectivas de gracia ni cambios en la política penitenciaria, como acredita un plan que no recoge beneficios carcelarios y solo acercamientos selectivos.
Entre esos presos hay al menos cinco históricos, aún con gran ascendencia en la colonia carcelaria, que en algún momento han coqueteado con la disidencia y a los que no les importaría señalarse ante sus compañeros.
El ministerio sabe que el plan no será un «camino de rosas» y que topará la «oposición frontal» del renovado EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos), controlado por el sector más duro.