El ejercicio de transparencia de la Casa Real habría sido muy loable hace treinta años. Desvelar el uso que se da al dinero público es una elemental medida de higiene democrática que las instituciones deberían practicar de oficio. No es una concesión sino una exigencia de principio. Y aunque sea para felicitarse que al fin se acabe con una anomalía, incluso esa satisfacción queda ensombrecida porque el levantamiento del velo haya sido forzado por las circunstancias. Por el descrédito de la monarquía que revela el barómetro del CIS y, sobre todo, por las peripecias judiciales de Iñaki Urdangarin. Y aun así, el ejercicio de transparencia es insuficiente, porque ni precisa el patrimonio del rey ni reglamenta mecanismos de control al que debe estar sometido el dinero público. Que es lo único que permitiría eliminar las sospechas que levantan los grupos de interés que revolotean en torno a la Casa Real. Y de los que el caso Urdangarin es un ejemplo.