Ni las gestiones de la Casa del Rey, iniciadas después de que en el 2006 empezaran a aflorar las primeras sospechas sobre los negocios turbios del cuñado del príncipe de Asturias, a raíz de las preguntas de la oposición a Jaume Matas en el Parlamento balear, ni la mudanza a Estado Unidos han impedido que el asunto reviente. Urdangarin podría convertirse en breve en el primer miembro de la familia real española imputado por un delito. Y no un delito cualquiera; malversación de fondos públicos.
