La batalla sobre un posible fin de ETA también se libra en las cárceles. Ni la organización terrorista ni la izquierda aberzale quieren perder el activo que suponen los cerca de 700 reclusos repartidos por los penales de España y Francia, y la presión constante que ejercen en la calle sus familiares.
Durante los tres últimos años, la banda terrorista ha perdido su influencia en los presos hasta límites inimaginables hasta hace poco. Sobre todo entre el 2009 y el 2010, cuando el plan del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de potenciar las escisiones logró conseguir que más de medio centenar, muchos de ellos terroristas históricos, rompieran con la banda tras firmar una carta en la que renuncian a la violencia, piden perdón a sus víctimas, y se comprometen a afrontar las indemnizaciones y a colaborar con la Justicia.
La cascada de escisiones se ralentizó en septiembre del 2010, cuando ETA hizo su primer comunicado, y se ha paralizado casi del todo desde que en enero anunció el alto el fuego «permanente y verificable». Y es en esta situación, explican expertos de la lucha antiterrorista, en la que la izquierda aberzale intenta «tomar el relevo» de ETA. Y no para alentar los movimientos individuales de ruptura con la banda o avivar las críticas de los díscolos a los terroristas, sino para intentar que el frente no se disuelva y presione en la búsqueda de una «salida colectiva» para los reclusos, alternativa de la que el Gobierno no quiere ni oír hablar.
Según los informes de las fuerzas de seguridad, la vanguardia de esta estrategia es el colectivo Egin dezagun bidea (Hagamos camino), nacido y potenciado a la sombra del éxito electoral de Bildu. La última iniciativa para evitar escisiones «y de paso dar una esperanza a los reclusos», como afirman los responsables penitenciarios, es la apertura un debate el pasado junio sobre el apoyo en «bloque» al acuerdo de Guernica, el pacto firmado hace un año por una treintena de colectivos independentistas en el que se aboga por un alto el fuego definitivo y verificable.
El Gobierno es tajante en ese punto: la intención de Bildu y su entorno de hacer creer a los presos que una firma colectiva de apoyo al acuerdo de Guernica es «irreal» y un «engaño» a los propios presos, porque Interior ya ha hecho saber a los internos que «solo y exclusivamente» su firma en el documento en el que se pide perdón a las víctimas conduce a beneficios penitenciarios.