La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cree que la transferencia de las competencias en materia de Justicia a las comunidades autónomas «ha producido muchas disfunciones», porque no existe un órgano que unifique los sistemas de gestión procesal entre todas ellas y el propio ministerio del ramo. Bravo se refiere así al reciente anuncio realizado por algunas comunidades de rechazar la asunción de las competencias de Justicia ante los importantes problemas de financiación que acusan, y que se sumaron a las amenazas de otras comunidades de devolver al Estado competencias como sanidad o educación, lo que ha ocasionado un importante revuelo político, parte de la acalorada pugna que mantienen PP y PSOE, oposición y Gobierno.
«Es cierto -acepta- que con el déficit económico que presentan ciertas comunidades, algunas se están replanteando si tienen que seguir asumiendo las competencias de Justicia. Siempre he insistido en que esa diversidad de situaciones territoriales [...] ha producido muchas disfunciones». De las 17 comunidades, recuerda Bravo, once tienen las competencias transferidas, «y cada una de ellas tiene un sistema de gestión procesal distinto e incompatible con el de otra comunidad y con los del ministerio». En su opinión, hubiera sido deseable que se hubiera creado «algún supraorganismo que hubiera homogeneizado el sistema informático y la redistribución de los instrumentos materiales y personales para evitar estas situaciones con las que nos hemos topado», lamenta.
Anota, además, que el CGPJ ya reclamó reformas legislativas y consideró «conveniente recordar a la Administración central y a la autonómica que el número de jueces sigue siendo insuficiente». Ante el adelanto electoral y la posibilidad de la entrada de un Gobierno de otro color político, Bravo sostiene que «la reforma de la Justicia necesita un pacto de Estado con un consenso sobre la necesidad de situarla como una gran prioridad en la agenda política de cualquier Ejecutivo. No es una cuestión de tiempo, es cuestión de voluntades políticas», matiza.