A pesar de constatar la relación entre los regalos recibidos por Francisco Camps y sus colaboradores y la adjudicación de contratos de la Generalitat a las empresas de la trama Gürtel, el juez José Flors rechazó ampliar este proceso a los otros delitos de los que la Fiscalía acusa a los cuatro imputados y a otros responsables del Gobierno, entre ellos delito electoral y contra la Administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio. Las «irregularidades jurídico-administrativas de los contratos», el tronco central del caso Gürtel en Valencia, se solventarán en un segundo proceso, cuya instrucción aún dista de estar acabada. En ese segundo proceso, la Fiscalía sí pedirá penas de cárcel e inhabilitación, en lugar de las multas que pide en la causa de los trajes.