La Abogacía del Estado también irá al Supremo contra la legalización
19 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía General del Estado anunció ayer que el próximo marzo presentará ante la Sala Especial del Tribunal Supremo una demanda para pedir la no inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de la nueva marca que la izquierda aberzale intentó dar de alta el pasado día 9.
El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido sostiene que hecho el análisis jurídico de los informes remitidos por los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil se confirma que la formación es una «continuación de Batasuna».
La vía que escogerá el ministerio público será la del «incidente de ejecución de sentencia». Esto es, reclamar que se deniegue la inscripción en el registro de Interior en aplicación de las propias sentencias del Supremo que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. La Fiscalía, que también ha estudiado los estatutos de la formación, aseguró que ni siquiera va a agotar el plazo para reclamar la ilegalización de Sortu, que concluye el 11 de marzo.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, también la Abogacía del Estado ya ha tomado la decisión de solicitar al Supremo que rechace la inscripción del partido después de examinar la documentación entregada por las fuerzas de seguridad, aunque todavía no ha dado el paso.
El antecedente de ASB
El recurso del departamento de Cándido Conde-Pumpido, que será muy similar al de los letrados de Justicia, invocará tres preceptos de la ley de partidos: el 5.6., que permite «perseguir la inscripción de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal»; el 12.1, que obliga al «cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto», y el 12.3, que deja en manos del Supremo «declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto».
Los especialistas de los dos departamentos tienen previsto seguir el proceso que ya instaron en las pasadas elecciones municipales del 2007, cuando sus demandas cortaron el paso a la inscripción de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), el único partido ex novo con el que la ilegalizada Batasuna ha intentado participar en unos comicios. Entonces, el Supremo declaró improcedente la constitución de ASB y denegó su inscripción en el registro de Interior al considerar que esa recién nacida formación era una «continuación o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». Exactamente el mismo fallo que buscan ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Las dos demandas, la de la Fiscalía y la de la Abogacía del Estado, tendrán como base las 82 páginas de los informes de la Policía y de la Guardia Civil, que apuntan idénticos argumentos. Inciden en que dirigentes históricos de los partidos ilegalizados, como son Rufi Etxeberria e Íñigo Iruin, han tutelado el nacimiento de la formación por lo que, concluye, el «entorno político de ETA» está detrás del nuevo partido. Para la policía, es evidente que Sortu es «continuidad de la ilegalizada Batasuna».