Un chivatazo sin autor conocido que persigue al todopoderoso Rubalcaba

La Voz

ESPAÑA

En zoología, el faisán es una gallinácea que pasa gran parte del tiempo en el suelo, a pesar de su capacidad de vuelo, que normalmente demuestra cuando se ve amenazado por algún peligro. Judicialmente, es un culebrón con casi cinco años de historia, que toma el nombre de un bar de la localidad vascofrancesa de Hendaya, que era el punto de encuentro entre los extorsionadores de ETA y sus extorsionados o intermediarios.

El bar en cuestión y su propietario eran investigados por orden del juez Baltasar Garzón desde al menos ocho años antes. Fruto de esas pesquisas hay 24 personas procesadas. Pero no se hizo famoso hasta que se supo de un chivatazo recibido el 4 de mayo del 2006, en plena tregua de ETA, por el propietario en el que se le advertía de que iba a por ellos.

Con los indicios de ese chivatazo, en el año 2007, el juez Grande-Marlaska, como sustituto de Garzón, abrió una pieza separada para investigar los presuntos delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista. En ella, a petición de la Fiscalía, fueron imputados Víctor García de la Hoz, entonces director general de la Policía, Enrique Pamiés, jefe superior de Bilbao, y el inspector José María Ballesteros.

Tres años después, la Fiscalía dio por agotada la investigación y, ante la falta de «claros indicios incriminatorios contra los imputados», pidió el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo provisional de la causa. Este criterio no fue compartido por las acusaciones particulares -asociaciones de víctimas del terrorismo-, que pidieron nuevas diligencias de prueba, entre ellas la remisión de una comisión rogatoria a Francia.

Las nuevas diligencias practicadas no aportaron nuevos datos incriminatorios, según la Fiscalía. Ello no impidió que se personasen, también como acusaciones populares, la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Partido Popular.

El PP lo hizo al considerar que el responsable último era Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces llevaba un mes como ministro del Interior, por el nivel de los imputados, entre ellos el director general de la Policía, que en opinión de los populares no habría actuado a espaldas de sus superiores.

El juez Pablo Ruz, como actual titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, acordó el pasado lunes reactivar el caso, encargando la práctica de seis nuevas diligencias de prueba y la transformación de las diligencias previas en sumario.

¿A qué responde este empeño de seguir adelante con el caso? Fuentes jurídicas consultadas permiten llegar a las siguientes conclusiones provisionales: el chivatazo existió, proviene de círculos policiales, hay indicios que apuntan a los tres imputados, pero no se han conseguido pruebas para sostener la imputación y llevarlos a juicio. Tampoco faltan por practicar diligencias esenciales y las que se acaban de acordar por el instructor son reiterativas.

Con estas premisas, las razones que habrían llevado al juez Pablo Ruz a transformar en sumario las diligencias previas, las aludidas fuentes lo tienen claro: así le pasa a la Sala de lo Penal la decisión de archivar.