El progenitor, que se oponía a la medida, entregó finalmente a su hija a la Comunidad de Madrid
30 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, a petición expresa del Ayuntamiento madrileño, ya presta atención médica y social en un hospital público a la niña madrileña de 14 años que había sido secuestrada -por su novio y un grupo de rumanos- y explotada sexualmente durante tres meses en la localidad pacense de Arroyo de San Serván. Según el diario extremeño Hoy, el departamento autónomo se hizo cargo por fin de la menor, cuya tutela asumió con carácter de urgencia. Esta medida fue acordada el pasado 10 de diciembre, pero no tuvo efecto real hasta que ayer se notificó al progenitor de la adolescente. Tras saber que la policía buscaba a la familia, el hombre se presentó en dependencias del Instituto Madrileño del Menor y la Familia para aclarar que la adolescente se hallaba en buenas manos, en las de sus padres, y que ahí debía seguir, rechazando por ende la tutela del Gobierno regional. Sin embargo, ya por la tarde, en el encuentro que mantuvo con responsables del citado instituto, la situación se fue enderezando, de tal modo que el padre acabó colaborando «porque está viendo que lo que le están ofreciendo es positivo para la niña», según explicó a Efe una portavoz de la consejería, que explicó que se están evaluando las necesidades de la víctima. La pequeña pasó así de vivir con su padre, su madre y una hermana a la hospitalización bajo vigilancia pública. La Fiscalía La consejera de Familia, Engracia Hidalgo, había aclarado poco antes en rueda de prensa que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Y la presidenta, Esperanza Aguirre, precisó a continuación que «será el fiscal de menores o el juez de menores y el grupo de policía dedicado a los menores quienes tendrán al final que decidir quién tiene la tutela» de la adolescente. «Creo que tendrán que ser esas autoridades las que tendrán que decidir, buscando, como hacen siempre, la garantía de la mejor atención para la niña y para sus padres, que estoy segura de que están sufriendo mucho», subrayó. Aguirre admitió que los servicios sociales municipales comunicaron a la comunidad una primera ocasión en la que la niña se fugó en el 2009, pero luego, prosiguió, les dijeron que parecía que ya estaba bien con la familia, «y se archivó el expediente», relató, para reconocer que es «muy probable que se pudiera haber tenido mayor celeridad» en este caso. La presidenta rechazó que esto sea una «cuestión de negligencia por parte de nadie», sino que fue una «concatenación de hechos muy compleja».