El caos que arruinó el inicio del puente de la Constitución a más de 600.000 españoles, amén de a cientos de empresas del sector terciario, hunde sus raíces en la nunca satisfactoriamente resuelta integración de los controladores funcionarios en el ente Aena, ejecutada en 1992. Desde entonces, la relación laboral entre estos y la Administración central ha atravesado diversos períodos de tensión, si bien en el origen del caos del pasado fin de semana pesó fundamentalmente lo ocurrido a lo largo de los últimos once meses.
En febrero, transcurridos ya cinco años desde la finalización de la vigencia del primer convenio colectivo del sector y atascada la negociación del segundo después de 65 reuniones sin acuerdo, el ministro de Fomento impulsó un real decreto ley «para corregir de urgencia las importantes deficiencias organizativas, la falta de eficiencia económica [...], la baja productividad por controlador y el incremento desmedido de los costes de estos», reza ese texto. Esgrimió también un dictamen de la Intervención General del Estado que concluía: «La retribución media real por cada uno ascendió en el 2007 a 304.874 euros y excede en 210.316 a la que resultaría de actualizar con los correspondientes IPC anuales las percepciones de 1999».
En virtud de la flamante norma, Aena vio cómo le abrían la puerta para privatizar parcialmente este polémico segmento de actividad y recuperó la capacidad de organizar las jornadas de unos técnicos que hasta ese momento habían venido cuadrando ellos mismos para sí sus turnos, descansos, servicios retribuidos al margen del salario base... Además, el tope de horas ordinarias acumulables durante un ejercicio resultó elevado de 1.200 a 1.670 y el de las extras quedó congelado en 80, si bien las denominadas ampliaciones laborales voluntarias (2,65 veces mejor pagadas de lo normal), de las cuales cada miembro del plantel venía facturando una media anual de 600, de facto desaparecieron, debido a su «condición artificial y su abono irregular».
Esto último y los criterios impuestos por el equipo de José Blanco para discernir entre lo que procede o no computar como minutos de labor aeronáutica -quedaron excluidos permisos sindicales, licencias, ausencias por incapacidad temporal, guardias no presenciales y cursos no vinculados con la profesión directamente- contrarió sobremanera a una plantilla, compuesta por 2.384 miembros más 47 en proceso de integración, que aún debería encajar después otros tres decretos no deseados. El último, el del 3 de diciembre, no lo soportó.