Por más que se empeñen en venderlo así, Arturo Cubillas no es uno más de ese grupo de «exiliados políticos vascos» que en la década de los ochenta fueron acogidos en Venezuela por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, a petición de Felipe González, tras las fallidas conversaciones de Argel.
Resulta desconcertante que el coordinador de una organización pro derechos humanos tan prestigiosa como Provea, que se ha hecho cargo de su defensa jurídica, se haya prestado también a participar activamente en la campaña de lavado de la imagen de un personaje que, al margen de su historial al servicio de una organización terrorista, al que se le atribuyen 31 atentados, tres de ellos con resultado de muerte, en Venezuela no se ha distinguido precisamente por la defensa de los derechos humanos.
Muy feo lo debe ver el comandante cuando fuentes bien informadas aseguran que incluso está dispuesto a ofertar algunos contratos jugosos a empresas españolas para que Zapatero y Moratinos se olviden del dichoso Cubillas. Pareciera que ignora que en España aún existe separación de poderes.