Caamaño dice que los consejos autonómicos no alterarán las funciones del Consejo del Poder Judicial
ESPAÑA
«No solo se va a desarrollar el Consejo de Justicia catalán, sino todos los consejos que todas las fuerzas políticas, absolutamente todas, han decidido establecer en este país», aseguró ayer a La Voz el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. ¿Qué les diría a quienes aseguran que el rescate del Estatuto catalán es una burla a la sentencia del Tribunal Constitucional? «Yo creo que no, que se lean la sentencia y que se lean la Constitución», respondió el ministro de Justicia antes de pronunciar una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid.
En el coloquio que siguió a su intervención titulada Abogacía y Justicia en la Europa de hoy señaló que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se va a hacer ad hoc para rescatar solo el Consejo de Justicia que recoge el Estatuto catalán, sino también para dar contenido a los consejos que prevén los de Aragón, Baleares, Valencia, Castilla y León o Andalucía, «con unos u otros redactados». Y destacó que en las comunidades que todavía no lo han aprobado las fuerzas políticas trabajan sobre borradores o proyectos que también reclaman dichos consejos. Por tanto, según Caamaño, «el debate no se trata de consejos de Justicia sí o no, porque esa decisión ya está en las leyes aprobadas por todas las fuerzas políticas, sino de desarrollar esas previsiones legales cumpliendo con la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional», especialmente con lo que marca la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
En todo caso, afirmó que estos consejos no sustituirán al Consejo General del Poder Judicial, ya que no se trata de «partir» sus funciones, porque eso sería inconstitucional, sino de «establecer órganos de colaboración» con la Justicia.
En todo caso, el Gobierno se planteó recuperar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que ya quiso hacer anteriormente, pero dejó aparcada- para dar luz verde a los consejos de justicia autonómica a partir del fallo del Tribunal Constitucional que anulaba el artículo del Estatuto de Cataluña que contemplaba la creación del Consejo de Justicia de dicha comunidad.
Recuperarlo es la piedra angular del plan de rescate de partes del texto que fueron declaradas inconstitucionales que pactaron en su día los presidentes Zapatero y Montilla con el horizonte de las elecciones catalanas del 28 de noviembre, en las que las encuestas vaticinan el derrumbe del PSC. Además, el Gobierno acelerará el traspaso de las competencias previstas en el Estatuto en la línea de lo que Manuel Chaves dijo el miércoles en el Congreso, donde prometió más autogobierno, más competencias y más instituciones a Cataluña.