Modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial para delegar competencias al Consejo de Justicia catalán.
21 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno puso ayer en marcha su plan de rescate de preceptos del Estatuto de Cataluña que fueron anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional. Comienza así a cumplir el compromiso que adquirió hace un mes en la Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero con José Montilla de pactar un calendario para desarrollar el texto antes de las cruciales elecciones catalanas previstas para el otoño. Las encuestas prevén el hundimiento del PSC frente al ascenso imparable de CiU, por lo que el presidente de la Generalitat necesita resultados concretos que le sirvan de bazas electorales antes de la cita con las urnas.
El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, presentó un informe al Consejo de Ministros sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para impulsar el Estatuto de Cataluña en todos sus ámbitos, pero sin salirse del marco fijado por el fallo del Constitucional. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que jugó un papel fundamental como negociador del articulado estatutario, será el encargado de promover las reformas legales en el ámbito de la Justicia.
La iniciativa más importante será la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que contemple la delegación de competencias a los consejos de justicia autonómicos, previstos en varios estatutos, incluido el catalán. El Constitucional determinó que el Estatuto no podía establecer la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, como hacía en su artículo 97, sino que la delegación de competencias debía hacerse mediante la citada ley orgánica.
Asimismo, el ministerio que dirige Caamaño estudiará la reforma del recurso de casación, que ahora corresponde al Tribunal Supremo, cediendo competencias a los tribunales de cada comunidad. También analizará la modificación del Estatuto Fiscal, para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de Justicia autonómicos.
María Teresa Fernández de la Vega aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar un impulso al Estatuto, una vez avalado «en su práctica totalidad», dentro del «margen» que deja el Constitucional, para «dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña y a sus sentimientos identitarios».
La vicepresidenta primera anunció también un calendario para impulsar los traspasos de competencias previstas en el texto catalán, algunos de los cuales «se vienen haciendo», mientras otros solo se han iniciado a tramitar y el resto aún hay que comenzarlos. La comisión bilateral entre el Estado y Cataluña se reunirá previsiblemente en septiembre para acordar las transferencias.
El Gobierno va a impulsar en varios ámbitos el autogobierno catalán mientras negocia los Presupuestos sin tener aún asegurado ningún apoyo. Fernández de la Vega confirmó que los socialistas están negociando con el PNV, pero no descartan el apoyo de otras fuerzas parlamentarias.