La sentencia hecha pública el viernes calentó los ánimos de los políticos. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, aseguró que la manifestación «es la de los incompetentes y subvencionados». Según el presidente de C's, «la Cataluña oficial, durante treinta años, en lugar de hacer hincapié en los temas que nos unen, ha optado por hacer políticas sobre temas que pertenecen al ámbito privado y nos dividen, como la identidad o la lengua». Para la líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, la marcha supuso «un acto de desacato al orden constitucional» y resulta «intolerable» que los propios gobernantes elegidos para defender ese orden sean «quienes más empeño ponen en convertirlo en un casos sin sentido».
«La manifestación cambiará el curso de las cosas», dijo por su parte el consejero de Economía, Antoni Castells. «Supondrá un antes y un después en la historia de Cataluña», señalaron los líderes de CiU, Artur Mas, y de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. «La sentencia supone el fin del sistema autonómico porque se ha visto que ya no sirve», dijo Joan Puigcercós, de Esquerra Republicana.
El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, afirmó que «es un asunto que atañe también a Euskadi». Así, aseveró que «esta sentencia reinventa los límites del modelo constitucional para el autogobierno de las naciones catalana, gallega y vasca», y «refleja la crisis del modelo» existente.