Son tres los informes de diferentes instituciones que han provocado que Antonio Pedreira se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante los indicios de que pudiera haber aforados implicados.
Ese informe del 31 de julio del 2009 de la Unidad contra la Delincuencia Económica fue el primero que habló de financiación irregular del PP. El atestado indicaba que Álvaro Pérez, el Bigotes , responsable de la filial Orange Market mantenía «una estrecha relación» con dirigentes como Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García o Vicente Rambla y relataba que «la facturación de Orange Market al Partido Popular es dual. Parte de los actos del PP son financiados por empresarios, siendo para estos donaciones finalistas que no ingresan en la cuenta corriente del partido». El Superior de Valencia se negó a aceptar el informe en el caso de los trajes .? Intervención General del Estado . Su estudio del 13 de abril desvela que el Gobierno de Camps adjudicó más de 7,2 millones a la trama Gürtel entre el 2004 y el 2009 y que 14 de 85 contratos fueron a irregulares. La mayoría (76) fueron tramitados como «contratos menores» -debajo de 12.000 euros- para evitar el concurso público.
? Hacienda. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude emitió un informe el 6 de mayo que confirmaba la «posible» financiación irregular del partido. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano escondió pagos cercanos a los 2,5 millones en las elecciones locales y autonómicas del 2007. Hacienda apuntaba por primera vez al fraude fiscal dentro de la formación y, como hiciera la policía, aseguraba que, a la vista de los libros de Orange Market, al menos 5 empresarios financiaron de manera opaca al PPCV con no menos de 345.200 euros.