Sus titubeos en las medidas contra la crisis y los recortes sociales minan su liderazgo y abren una brecha en el Ejecutivo sobre la necesidad de un impuesto a los ricos
23 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.«Nada une tanto como la victoria y nada divide tanto como la indecisión». Esa vieja máxima de la política es la que explica, a juicio de un veterano político, la situación que se vive en el PSOE y en el Gobierno tras el bandazo político y económico de Zapatero, obligado por la crisis económica. Desde que se hizo inesperadamente con el control del partido en el congreso del año 2000, el liderazgo de Zapatero superó incluso al que en su día ejerció Felipe González y borró cualquier atisbo de contestación interna. Pero han bastado sus titubeos frente a la crisis para que en el partido y en el Gobierno se permitan ya discutir sus planes.
El detonante de esa contestación fue la decisión de Zapatero de plegarse a las exigencias de la Union Europea y ejecutar un drástico recorte en el gasto. Y más concretamente, su inesperada apuesta de afrontar ese tijeretazo recortando sueldos públicos y prestaciones sociales. El Grupo Socialista y el Gobierno han cerrado filas en torno a la necesidad del ajuste. Pero el ala izquierda deja oír su voz como nunca en los últimos tiempos. Su exigencia es que las rentas del capital asuman un coste mayor al que se exige a jubilados y funcionarios.
En la reunión del Grupo Socialista celebrada el pasado día 18, Zapatero comprobó la frustración que generó en muchos diputados socialistas el tijeretazo al gasto y prestaciones sociales. Además de las tradicionales voces críticas de Izquierda Socialista, en esa reunión hubo otras intervenciones que reclamaron una mayor presión fiscal a las rentas altas. Los más claros fueron diputados afines a UGT, como Manuel de la Rocha, o el gallego Xavier Carro, pero en muchas otras intervenciones se planteó que los ricos asuman un mayor sacrificio.
Lucha entre Blanco y Salgado
Esa presión fue simultánea a la mayor contestación que ha recibido Zapatero por parte de los sindicatos desde que llegó a la Moncloa. Y esa combinación surtió efecto, hasta el punto de que al día siguiente Zapatero anunció, sin fijar fecha, su intención de aumentar la presión fiscal «a los que más tienen», algo que había descartado hasta hace muy poco.
Pero ese anuncio, lejos de cerrar el debate, aumentó la división en el Gobierno, en donde hay dos sectores enfrentados. Uno, encabezado por José Blanco y en el que está también Manuel Chaves, que exige un impuesto que grave a los más adinerados, frente a otro grupo, liderado por Elena Salgado y apoyado por Miguel Sebastián, que defiende aplacar el déficit exclusivamente por la vía del recorte del gasto. Ya en agosto del 2009 Blanco afirmaba que el Gobierno estudiaba «elevar determinados tipos impositivos a las rentas más altas». En el Consejo de Ministros del pasado jueves ese enfrentamiento estalló. Blanco planteó abiertamente la urgencia de ese cambio fiscal pese a las reticencias de Salgado. Zapatero tuvo que intervenir. Para no desautorizar a ninguno de los dos, insistió en que él también es partidario de gravar a los ricos. Pero anunció que ahora no toca esa reforma, que solo se llevará a cabo tras la ejecución del recorte del gasto previsto y después de aprobarse una reforma laboral.
Una decisión salomónica que deja sin cerrar una brecha sin precedentes en el Ejecutivo. Detrás de esas dos posiciones hay dos estrategias. Blanco piensa en las elecciones. Y sabe que bajar sueldos, congelar pensiones e imponer una reforma laboral sin pedir un esfuerzo a los ricos tendría un fuerte coste electoral, que se multiplicaría si Zapatero pierde al apoyo de los sindicatos. Pero Salgado es consciente de que son las políticas de contención del gasto las únicas que generan credibilidad en unos mercados que exigen un recorte inmediato del déficit.